El anuncio del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, de autorizar la tenencia y portación de armas de uso civil para defensa personal y otras medidas para combatir la inseguridad provocaron un fuerte rechazo de las organizaciones populares. La FETMyP, afiliada a la CLATE, denunció que las medidas “no solucionan los problemas de seguridad que enfrenta el país”.
Mediante el Decreto Ejecutivo número 707, el Presidente ecuatoriano autorizó el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a “aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes”. Además, el primer mandatario autorizó a las personas naturales el porte y uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal.
Además, Guillermo Lasso decretó a partir de este domingo el “Estado de excepción” en zonas “azotadas por el narcotráfico y la criminalidad”. La medida se refiere a la Zona 8 de la provincia costera de Guayas, que comprende Guayaquil, Sanborondón y Durán, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El mandatario, quien el año pasado decretó en tres ocasiones distintas esta misma medida para Guayaquil y otras áreas para enfrentar los altos índices de criminalidad, dispuso que la medida durará 60 días y que también suspenderá derechos como a poder reunirse.
En ese marco, el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, FETMyP, organización que integra la CLATE, anunció ayer su rechazo a las medidas porque “no solucionan los problemas de seguridad que enfrenta el país”.
A través de un comunicado de prensa que lleva la firma de Wilson Álvarez Bedon, titular de la organización sindical y secretario alterno de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CLATE, las y los servidores públicos expresan que son “la pobreza, la falta de trabajo y de oportunidades, la corrupción y la desigualdad social los factores que hacen que crezca la delincuencia en nuestro país”. Y agregaron: “A la burguesía, los empresarios y banqueros les interesa promover la violencia y criminalizar la pobreza”.
Y culminan: “Nosotros le decimos al Gobierno que nuestras vidas valen; no queremos el porte de armas; decimos no al capitalismo asesino y a la violencia estatal; queremos vivir en paz; fuera Lasso ya”.
Consultado por la CLATE hoy, Álvarez Bedon gregó que «la situación en el Ecuador es crítica. A las políticas neoliberales, que avanzan generando más pobreza, ahora se agrega esta medida que sólo traerá más violencia y más miedo». El dirigente informó también que en los próximos días las organizaciones sociales y sindicales mantendrán reuniones para analizar «los pasos a seguir para denunciar este nuevo avance de la derecha» y que «hemos declarado al 2023 como el año de la resistencia y la movilización. Y por eso no vamos a dejar de reclamar al Gobierno nacional que impulsen medidas que protegan a nuestros pueblos de la violencia y el miedo».
