Las organizaciones sindicales de Puerto Rico, entre ellas la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), integrante de CLATE, se sumaron a las masivas movilizaciones para exigir la renuncia del gobernador Ricardo Roselló, ante el escándalo de desvío de fondos y la filtración de mensajes homófobos y misóginos con sus colaboradores.

Prensa CLATE

El liderato de las uniones afiliadas bajo la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT) y la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) expresó hoy su indignación a nombre de miles de trabajadores decentes de Puerto Rico ante el escándalo que confronta en estos momentos el país, afirmando categóricamente que los “corruptos no nos representan” y deben ser erradicados del gobierno y la empresa privada.

“El gobierno ha perdido toda credibilidad. Las palabras se quedan cortas para expresar el aluvión de sentimientos al ver en lo que han convertido nuestras instituciones gubernamentales. La conspiración con la empresa privada tampoco la perdemos vista. Esto es un problema profundo que debemos confrontar todos de frente”, dijo Pedro Irene Maymí, presidente de la CPT.

“Nosotros, al igual que nuestro pueblo, sufrimos un bochorno general al ver la imagen de este gobierno ante el resto del mundo. Representamos miles de familias trabajadoras que viven de día a día, de cheque en cheque, tratando de ganarse la vida con el digno sudor de su frente. Todos estamos asqueados con este escándalo nauseabundo y repugnante. Nadie que se respete a sí mismo lo puede tolerar”, expresó Federico Torres Montalvo, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión de Empleados de Edificios Públicos y el Secretario de la CUTE.

“La corrupción es sucia y nuestras uniones la hemos estado denunciando desde hace tiempo en los contratos leoninos que se han otorgado y el favoritismo con contratistas amigos y familiares. Pero lo que se ha destapado ahora por las investigaciones periodísticas e intervenciones de las autoridades federales es una caja de Pandora repugnante”, opinó Francisco Reyes Marquez, presidente de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo Seguro del Estado (UECFSE).

Los líderes sindicales afirmaron que nadie olvida que cuando el pueblo sufría la peor catástrofe de nuestros tiempos, por sus acciones y omisiones, el gobierno desvió ayudas necesarias para preservar vidas y prevenir muertes. Abrieron las puertas desde el primer día de su administración a decenas de contratistas, amigos, socios y familiares, para repartir millones de fondos públicos pensando primero en campañas electorales.

“Estamos aquí por la dignidad de miles de trabajadores decentes que hoy reclaman a los corruptos que se vayan. ESOS CORRUPTOS NO NOS REPRESENTAN”, afirmó Reyes Marquez.

Los líderes sindicales coincidieron en que no hay estadísticas dudosas ni obras que justifiquen una gobernanza corrupta. La corrupción encarece y limita los servicios a la ciudadanía e incrementa la pobreza del pueblo porque impide una distribución más justa de las riquezas del país.

“Se le ha hecho tarde al gobernador para renunciar”, dijo Maymí. “Cambiar jefes de agencias, asesores o consultores no resuelve el problema que empieza por la cabeza que los escogió, que los nombró, que los defendió, que le repartió contratos contra el interés público. Y después que los ve con las esposas puestas, se cantan sorprendidos.”

“Es tarde para excusas y arrepentimientos ante las cámaras. Nada de eso corrige el daño hecho ni los millones que se han robado. Los corruptos y sus secuaces están incapacitados de gobernar. Punto. Tenemos que romper ya con el esquema de corrupción que ha echado raíces en las estructuras gubernamentales.”

Declaración conjunta

“Las uniones de la CPT hemos estado denunciando contratos leoninos que le arrebatan el derecho al trabajo de miles de trabajadores y no sirven ni mejoran los servicios a la ciudadanía. Llámese privatización, subcontratación o lo que quieran, este es un esquema que le ha hecho daño al país y los ejemplos están en la Autoridad de Edificios Públicos, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Fondo del Seguro del Estado, entre otras”, denunciaron las organizaciones sindicales mediante una declaración conjunta.

Hace poco, la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) y las uniones de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) pidieron las renuncias de Josean Nazario y Eduardo Rivera Cruz como directores AEP y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) por su claro conflicto de interés en la otorgación de contratos para el mantenimiento y mejoras de escuelas públicas a una compañía de la cuñada del Director Ejecutivo de AEP, según reveló la prensa. Rivera Cruz que fue padrino de boda de Nazario.

La respuesta del gobernador fue designar al secretario de la Gobernación para investigar, el mismo que ahora está implicado en este escándalo y que ya tenía una denuncia en su contra.

“La corrupción es un negocio en el cual todos pagamos por la riqueza de pocos”

“Ante esta terrible crisis –concluye el comunicado–, hemos llegado a los siguientes consensos y propuestas para tomar acciones afirmativas que atajen el problema de raíz:

1)            Crear una junta multisectorial que evalúe la gestión de cada agencia y sus logros, con compromiso de rendición de cuentas e informes anuales de situación, ingresos y gastos. Toda la información que recopile debe estar disponible públicamente.

2)            Como los buenos somos más, nadie puede quedarse con los brazos cruzados mirando pasivamente cómo destruyen al país. Hay que señalar la corrupción y denunciar los corruptos. Nuestras organizaciones y autoridades tenemos que apoyarlos.

3)            Sacar los corruptos al sol porque la corrupción vive en cuartos oscuros y chats privados. El antídoto a la corrupción es apertura y transparencia. Se deben crear más mecanismos efectivos de información pública.

4)            Hacer valer las leyes existentes, que exigen que toda gestión pública la realizan servidores del gobierno utilizando recursos y en dependencias públicas.

5)            Defender que el gobierno sirve al bien común y los más necesitados. Cuando el gobierno contrata servicios, es porque no los puede proveer por sí solo, pero los tiene que administrar salvaguardando el fin público, no el enriquecimiento privado ni sustituyendo el servicio público.

6)            No se pueden otorgar contratos públicos a compañías fantasmas, o sin un historial de experiencia y profesionales capacitados.

7)            Aunque la corrupción se ha institucionalizado, nadie se llame a engaño porque el sector privado es responsable también de la corrupción del gobierno. Repudiamos la corrupción pública y la privada.

8)            La realidad objetiva es que los servidores públicos son más costo-efectivos en el gobierno que lo que pueda realizar una empresa privada. Debe mediar un estudio de necesidad y costo-efectividad cuantificado antes de considerar un contrato de servicios”.