por Antonio Elías (*)

Campañas de propaganda perfectamente diseñadas, pobres en definiciones concretas y colmadas de promesas ambiguas para un futuro incierto alertan sobre los riesgos de bajar la rentabilidad del capital y los impactos negativos del déficit fiscal. Hora tras hora nos anuncian, los males que sobrevendrán si se otorgan aumentos salariales que atentan contra la estabilidad macroeconómica. De paso nos recuerdan lo bueno del capitalismo y lo ideológicamente inconveniente de cualquier postura que apunte a reducir la concentración de la riqueza, la extranjerización y el poder omnímodo del dios mercado.

En la inversión de valores correspondiente a esta concepción del mundo las personas responsables, que dialogan y reconocen los límites “socialmente aceptables”, son contrapuestas a las personas “irresponsables”, que siguen pregonando medidas a favor del trabajo y contra el capital.

El discurso del poder respecto al tema del aumento salarial de los trabajadores públicos no tiene, prácticamente, fisuras. Coinciden los gobernantes, oficialistas y opositores con el poder económico nacional y extranjero. Los trabajadores, en cambio, no tienen una posición común, hay sectores influidos por un discurso oficial que “dibuja” espacios fiscales, cada vez más restrictivos, y pretende contraponer trabajadores públicos y privados en la vieja lógica de pobres contra pobres.

Las negativas a incrementar en la próxima rendición de cuentas los salarios de los funcionarios del Gobierno Central, son seguramente resultado de que al interior de fuerza política gobernante predomina la concepción de quienes se asumen como administradores y promotores de un “capitalismo en serio”.

El salario sigue siendo una variable de ajuste. Las múltiples confrontaciones de los trabajadores públicos con los gobernantes nacionales y departamentales por aumentos salariales y la definición de los criterios para actualizar los salarios (aumentos del valor nominal de los mismos con relación a la variación de los precios de los bienes de consumo) implica definir cuál será el poder adquisitivo de esos trabajadores y, por tanto, la calidad de vida de sus familias. Se le reclama a los funcionarios públicos que asuman que en el horizonte aparecen nubarrones y, por tanto, acepten que no haya aumentos salariales y que las actualizaciones salariales por inflación se basen en metas de inflación futura irrealizables y en correctivos basados en una inflación pasada que fue alterada con medidas ad-hoc.

La ampliación de la meta inflacionaria del rango actual entre 4 y 6% al nuevo rango entre 3% y 7%, mantiene el centro de la banda en 5% a los efectos de los incrementos salariales basados en la inflación futura. Con una inflación actual anualizada de 8%, la ampliación hacia abajo del rango (del 4 al 3%) tiene un único efecto: que los trabajadores no tengan los aumentos que les corresponden y pierdan poder adquisitivo.

Pretenden convencer a la población que las restricciones salariales los benefician, porque la inflación es el peor de los impuestos. Lo cual implicaría asumir que los salarios son el origen de la inflación, lo que no ha sido demostrado.

Se sostiene que la reducción del déficit fiscal – ajuste de las cuentas públicas – repercute en una mejora en el nivel de vida de la población. Si eso fuera cierto porque no reducen los enormes subsidios que se entregan al capital a través de las exoneraciones impositivas (leyes de zonas francas y de promoción de inversiones) y los cientos de millones de dólares que se pagan por intereses de deuda para aumentar las reservas en el Banco Central.

Los salarios crecen en forma desigual y mucho menos que el producto. Al inicio de este gobierno se sostenía que el poder de compra de los trabajadores evolucionaría en similar proporción que el crecimiento del producto. Eso no se ha cumplido para los trabajadores en general, menos aún para los funcionarios públicos, como lo demuestra el siguiente cuadro.

Se constata en el cuadro, en primer lugar que el producto creció 56% más que el salario real general y 119 % más que el salario real de los trabajadores públicos. La segunda constatación es la gran diferencia que existe en la evolución de los asalariados públicos y privados. Los trabajadores privados aumentaron sus salarios 64% más que lo públicos en el actual gobierno.

Por otra parte es imposible ignorar las profundas desigualdades entre sectores de los funcionarios públicos, como se desprende del siguiente cuadro en el que se observa la evolución de los salarios reales de los trabajadores del Gobierno Central, las Empresas Públicas y los Gobiernos Departamentales.
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Como se observa en el cuadro hay fuertes diferencias entre los distintos sectores que se utilizan para estimar el salario real de los funcionarios públicos. Los salarios en las empresas púbicas aumentaron casi el triple que en los gobiernos departamentales y 27% más que en el gobierno central.

Las cifras presentadas en el cuadro 2, siguen siendo muy agregadas y no permiten ver la evolución salarial de sectores muy diferenciados dentro del propio Gobierno Central, donde coexisten los Organismos del artículo 220 de la Constitución, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y la Administración Central.

Para estimar la evolución salarial el INE selecciona algunos incisos y les da una ponderación en función de criterios estadísticos, a título de ejemplo el Ministerio de Defensa tiene un porcentaje de 10, 6% y el del Interior 10,1% y la ANEP 32,7%, por su parte el INAU representa solo el 3.1%. Esto quiere decir que si recibe un aumento ANEP incide en el índice 10 veces más que si el aumento se da en el INAU. Esta situación dificulta fuertemente la negociación colectiva porque el valor del Índice Medio de Salarios, oculta que algunos pueden haber aumentado mucho y otros muy poco o nada.

El reclamo de aumentos salariales, de reglas claras para determinar los índices de actualización salarial -convergentes con la inflación efectiva- en el gobierno central, y el cumplimiento pleno de la negociación colectiva entre trabajadores y gobernantes en todos los ámbitos de la administración pública, se inscriben en una concepción de sociedad que jerarquiza el papel de los trabajadores como seres humanos sujeto de necesidades, y no como un gasto que impide cerrar las cuentas.

(*) Miembro de la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)
Publicado en el Semanario “Voces” el 13 de junio de 2013