El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus
siglas en inglés) es un instrumento que, al igual que el TISA, plantea un
ambicioso y peligroso avance de las empresas multinacionales sobre la soberanía
de los Estados. Si bien sus antecedentes datan del año 2005, con el ingreso de
Estados Unidos en 2008 el acuerdo se convirtió en un punta de lanza para la reorganización
del comercio mundial. Hoy forman parte de las negociaciones EE.UU., Canadá,
Australia, Japón, Vietnam, Singapur, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y, en
nuestra región, México, Perú y Chile.
Luego de años de negociaciones secretas y por fuera de la Organización
Mundial de Comercio, el 5 de noviembre de 2015 los gobiernos participantes
difundieron los detalles del acuerdo. El TPP se desarrolla en 30 capítulos que
abarcan áreas como: comercio de bienes,
administración aduanera, telecomunicaciones, compras estatales, transparencia,
propiedad intelectual, asuntos laborales, servicios financieros, empresas
estatales y monopolios públicos, entre otros.
Uno de los primeros rasgos de este tipo de tratados es que extiende su
ámbito más allá del comercio e involucran áreas donde los Estados establecen
regulaciones precisas o bien limitan a los monopolios públicos con el argumento
de favorecer la competencia privada.
Algunas
señales de alerta
El TPP promueve la reducción o eliminación de barreras aduaneras. Con ello
se restringen las posibilidades de los
Estados de desarrollar estrategias de desarrollo, se cristalizan las
asimetrías existentes entre economías de distinta escala y se garantiza el control de las cadenas de valor por parte
de las multinacionales líderes en cada rubro.
Se limitan la
capacidad de acción de la Empresas y Monopolios del Estado (EyME) constituidos
para salvaguardar el interés público (tal como sucede en la provisión de agua,
energía, etc).
Se iguala a las EyME con las empresas privadas y se prohíbe a los Estados
otorgar subsidios o establecer preferencias en las compras públicas.
Se liberalizan
las compras públicas, impidiendo a los Estados dar preferencia a
proveedores locales como forma de estímulo al desarrollo nacional.
En materia de telecomunicaciones y comercio electrónico se limita la discrecionalidad de los
Estados en la asignación de licencias, se exige la libre disponibilidad de
las infraestructuras y el libre flujo de datos e informaciones.
Se iguala a
las empresas con los Estados en los procesos de solución de
diferencias, estableciendo mecanismo de arbitraje como el CIADI como mecanismo
de defensa de las inversiones.
En materia de propiedad intelectual se aumenta a 70 años la disposición
monopólica de las obras, obturando la difusión del conocimiento, con un impacto
negativo en el área farmacéutica donde las multinacionales del rubro se
garantizan su negocio frente al ingreso de genéricos y bioequivalentes.
Se trata, en definitiva, de un acuerdo que como el TISA, pone en riesgo la soberanía política de los Estados nacionales y
busca garantizar el control operativo de las cadenas de valor a nivel mundial
por parte de las multinacionales.
