El presidente de la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) de El Salvador, Mario Montes, expresó su posición ante el proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente de Nayib Bukele, y se refirió a la Ley del Bitcoin, aprobada este año. También volvió a denunciar la difícil situación en la que se encuentra el gremio, luego del intento de imposición de una «nueva» Junta Directiva por parte de funcionarios del actual gobierno.

El titular de la AGEPYM, quien además es el secretario subregional adjunto de la CLATE para Centroamérica, señaló que hay una campaña nacional de desprestigio en contra de la Junta Directiva actual de AGEPYM. «Nosotros logramos anular jurídicamente la inscripción de la otra junta, que se impuso de manera ilegal, pero el proceso es demasiado lento y las consecuencias las están pagando nuestros asociados», manifestó el dirigente.

«AGEPYM es la única organización en El Salvador que aglutina a más de 30 mil empleados públicos y municipales. Estamos denunciando todos los despidos que han ocurrido en las Alcaldías desde que asumieron los nuevos Consejos Municipales el 1 de mayo. Defendemos a todos los trabajadores despedidos y le brindamos asesoría legal a los que trabajadores que son acosados laboralmente. A ellos no les conviene que la Asociación sea oposición. En cambio, la junta directiva que ellos han nombrado les va a decir ‘sí’ a todo lo que ellos digan», explicó Montes.

El representante de la AGEPYM también expresó su preocupación por la Ley del Bitcoin, aprobada en junio de este año y que entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre. «Todos los negocios estarán obligados a hacer transacciones en criptomoneda. Una situación que para el pueblo salvadoreño no es conveniente. Ya manifestamos que no estamos de acuerdo con esta ley y mucho menos con que nos vayan a pagar en criptomoneda», aclaró.

El próximo 15 de septiembre, día de la Independencia del El Salvador, el presidente Nayib Bukele presentará a la Asamblea Legislativa su proyecto de reforma constitucional, con el que se modificaría casi el 90% de los artículos de la Carta Magna. «En el marco del Bicentenario de nuestro país, se pretende reformar la Constitución, sin convocar a una Asamblea Constituyente, sin consultar al pueblo y sin mayor discusión», afirmó Mario Montes.

«Estamos de acuerdo con que se hagan reformas, pero no queremos que se retroceda en lo que hemos conquistado como trabajadores y como pueblo salvadoreño. No queremos caer en el retroceso. Vamos a seguir defendiendo los derechos constitucionales, los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos fundamentales», añadió.

«En la República de El Salvador, que está por celebrar 200 años de ser República, AGEPYM y CLATE, 100% en pie de lucha», cerró el dirigente, haciendo referencia la Campaña Continental lanzada por la Confederación este año.