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ONU: El protocolo anti-marchas del gobierno argentino criminaliza la protesta

ONU: El protocolo anti-marchas del gobierno argentino criminaliza la protesta

Tres relatorías especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por el “protocolo de mantenimiento del orden público”, anunciado por el Ministerio de Seguridad argentino, así como por las reformas incluidas en la denominada “Ley Ómnibus”, que no son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.

Tres relatores especiales de la ONU enviaron una carta al gobierno argentino en la que analizan la compatibilidad de estas medidas con el derecho internacional y los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Señalaron que es deber del Estado garantizar el ejercicio de la reunión pacífica y los demás derechos que se ejercen en contextos de manifestaciones.

Los relatores especiales que firman la carta son Clement Nyaletsossi Voule, de la relatoría de derechos a Libertad de reunión pacífica y de asociación, Irene Khan, de Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, y Mary Lawlor, de Situación de los defensores de Derechos Humanos.

Según el informe de la ONU, la aplicación del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” implica la criminalización de la protesta social a través del uso del derecho penal.

Ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich.

Los relatores le recuerdan al Estado que las afectaciones a la libertad de circulación pueden ocurrir y que esto no suspende la protección del derecho a la protesta. Asimismo, sostienen que la interrupción del tráfico de vehículos o peatones no constituye violencia y que esta situación no habilita la actuación de fuerzas de seguridad. 

Señalan, además, que la obligación de los agentes de esas fuerzas en una protesta no es controlarla o restablecer el orden, sino proteger y facilitar la protesta pacífica y aclara que solo en casos excepcionales queda habilitada la dispersión. 

Esta comunicación de la ONU fue en respuesta a una denuncia presentada el pasado 12 de enero por las centrales sindicales y organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos argentinas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. 

En esa presentación, se advirtió que estas medidas implican graves riesgos para la vigencia de derechos democráticos fundamentales en la Argentina y que el Poder Ejecutivo avanzó con otras medidas intimidatorias, como el cobro a organizaciones sindicales y sociales de costos por los operativos policiales, que el Estado tiene la obligación de montar. 

En ese sentido, el informe de la ONU indica que, como regla general, es incompatible el cobro de un operativo de seguridad a los organizadores de una marcha. Ello solo es legal en circunstancias excepcionales que no fueron abarcadas por la resolución.

Los relatores especiales afirman, además, que no se deberían usar en el protocolo expresiones como “armas no letales” porque, en realidad, la experiencia muestra que esos dispositivos también pueden matar si se usan de manera indebida.

En otro apartado, la ONU considera que la decisión del Ministerio de Seguridad de identificar manifestantes, organizadores, transportes e incluso transportistas podría afectar la garantía procesal de presunción de inocencia. “Se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca motivos razonables para su detención”, fundamentaron.

Los relatores también calificaron como “discriminatoria” la medida prevista en el protocolo que establece que si una persona extranjera es parte de una protesta, las autoridades pueden dar aviso a Migraciones. “Todos tienen el derecho de reunirse pacíficamente: tanto los ciudadanos como los no ciudadanos. Lo pueden ejercer, por ejemplo, los ciudadanos extranjeros, los migrantes (documentados o indocumentados), los solicitantes de asilo, los refugiados y los apátridas”, recordaron.

Con respecto al proyecto de Ley Ómnibus, los relatores observan que la propuesta que pretende modificar el artículo 194 del Código Penal significa una manifiesta forma de criminalizar el ejercicio del derecho a la reunión pacífica. Además, agregan que el artículo 328 del proyecto pretende hacer responsables a las organizaciones por los daños que podrían ocasionar manifestantes y que esto podría constituir una restricción al ejercicio del derecho a reunión.

Por último, la ONU señala que la solicitud de autorización por parte de organizadores al Estado para realizar una manifestación es contraria al derecho internacional. Un sistema de notificaciones puede tener el objetivo de facilitar la protección de la reunión y la reorganización de la circulación, pero este no debe utilizarse de facto como una autorización o como una forma de inhibir el ejercicio mediante la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento, como por ejemplo limitar el tiempo de duración y cantidad estimada de convocados. 

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