El 22 de agosto de 1972 se llevó a cabo el fusilamiento de 16 presos políticos que lograron fugarse del penal de Rawson de la Provincia de Chubut, Argentina. Estos fueron asesinados cobardemente a manos de la dictadura militar encabezada por el dictador Alejandro Agustín Lanusse.
La prisión de Rawson:
A inicios de los años 70, el penal de Rawson, ubicado en la Provincia Chubut, era uno de los lugares de destino para los presos políticos de la dictadura militar. En su mayoría, los detenidos eran militantes de organizaciones como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros. También durante este tiempo estuvieron detenidos diferentes dirigentes sociales y sindicales, entre ellos el histórico sindicalista Agustín Tosco, figura destacada del sindicalismo combativo.
Fuga y negociación:
El 15 de agosto de 1972 era la fecha indicada para llevar adelante la operación que tenía como objetivo la fuga de 120 presos políticos alojados en la prisión de máxima seguridad. Sin embargo, problemas de comunicación con los grupos de apoyo externo que todo ya estaban en marcha, hicieron que sus integrantes se retiraran con los vehículos previstos para el repliegue.
Solo un grupo de 25 presos políticos alojados en dicho penal lograron darse a la fuga y refugiarse en el cercano aeropuerto de Trelew, de los cuales apenas unos pocos pudieron volar hacia Chile mientras que otros no pudieron llegar a tiempo a la aeronave y quedaron en tierra.
Los militantes liderados por Mariano Pujadas (Montoneros), Rubén Bonet (ERP) y María Antonia Berger (FAR), se vieron rodeados por los integrantes de la infantería de la Marina, por lo que solicitaron la presencia de un juez. Alejandro Godoy sería la autoridad judicial con quien se mantuvo la negociación, a partir de la cual depusieron las armas y volverían al penal. Si bien el juez Godoy les garantizó el cumplimiento de sus peticiones, el Capitán de infantería les informó a los militantes que el penal se mantenía sublevado, por lo que les ofreció la alternativa de una base naval a la que partirían en un bus de la Marina junto con el juez, un médico y un abogado de presos políticos para supervisar el traslado.
La masacre:
La partida del vehículo fue demorada: a partir de un decreto, el gobierno de facto declaró el “estado de emergencia nacional”. removiendo la autoridad del juez, el cuál fue obligado a descender del bus, junto al médico y el abogado. Fue allí cuando el bus partió rumbo a la base naval Almirante Zar de Trelew.
A partir de su llegada la base naval, los detenidos fueron sometidos a torturas físicas y psicológicas permanentes. El 22 de agosto , 16 de ellos fueron brutalmente fusilados a sangre fría. El crimen intentó mantenerse en secreto, pero al trascender, la explicación brindada por la dictadura fue que habían reprimido un nuevo intento de fuga.
Recién entrado el siglo XXI, muchas décadas después de la ejecución del crimen, los cuatro militares que cometieron el asesinato recibieron juicio y condena.
Julio Fuentes, presidente de la CLATE, señaló a la Masacre de Trelew como un símbolo del terrorismo de Estado sostuvo que se trató de «una de las demostraciones más atroces de cobardía y brutalidad que han llevado a cabo los gobiernos dictatoriales que se hicieron con el poder durante gran parte del siglo XX en el país y la Región”.
“Es importante que como militantes sigamos sosteniendo en alto la memoria y continuemos la tarea de visibilizar estos hechos para que no vuelvan a ocurrir. Seguimos exigiendo memoria, verdad y justicia. Seguimos gritando nunca más“ concluyó el titular de la Confederación.
