Por Carlos Saglul*

Ignacio Hernandirena, de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos dijo a ACTA que la sentencia judicial podría ser el reinicio de la restauración de la impunidad en el vecino país. Añadió que el fallo amenaza abrir el camino para la liberación de muchos detenidos.

«Esto podría servir para desprocesar a todos los que fueron encausados despues de noviembre de 2011, que fue justo cuando empezaron la mayoría de las causas». advirtió.

La sentencia de la Corte responde a un recurso presentado por coroneles indagados por la Justicia. Como la inconstitucionalidad se atiende caso por caso, el efecto hasta ahora solo alcanza a ellos. Sin embargo, esperan a ser considerados en la Corte otros cinco o seis escritos. Dos de ellos, según declaró la abogada y asesora legal del Centro Militar, Graciela Figueredo, refieren a casos de exmilitares presos por delitos cometidos en dictadura. Se trata del coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 2011 y el expolicía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012.

La senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, dijo que la decisión de llevar o no a juicio político a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá ser de todo el Frente Amplio, y no sólo de su sector. El viernes, el MPP manejó la posibilidad del juicio político luego del fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa que anuló la Ley de Caducidad (lo que termina protegiendo a presuntos violadores de los derechos humanos en la última dictadura militar en el país).

Macarena Gelman, hija del poeta y cuyos padres fueron asesinados por la dictadura recordó a ACTA que esta es la misma Corte que desplazó días atrás a la esfera civil de la jueza Mariana Mota, que llevaba adelante varias de las causas por violación a los derechos humanos durante la dictadura.

Recordó además que declaró inconstituicional la ley que pretendía evitar la concentración de tierra en el país. Señaló Macarena «es hora de que intervengan los poderes del Estado antes que sea tarde. Hay que hacerse cargo que muchos sectores de la Justicia poco han cambiado en Uruguay en estos años de democracia. Es inadmisible que se quiera volver a la Impunidad».

Macarena recordó las declaraciones de ayer de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien manifestó que se sentía “sorprendida y preocupada” por la posibilidad de que “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia”.

Comunicado de la CTA

En un comunicado firmado por Adolfo «Fito» Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, la Central de Trabajadores de la Argentina afirma su compromiso con la lucha de los uruguayos por memoria, verdad y justicia al tiempo que repudia el accionar de la Corte Suprema de Justicia uruguaya por su declaración de inconstitucionalidad de una parte de la Ley de Caducidad que impedía hasta ahora la prescripción de delitos cometidos durante la dictadura.

«Compañeros y compañeras, desde la Central de Trabajadores de la Argentina les queremos hacer llegar nuestro apoyo incondicional en la lucha por memoria, verdad y justicia.

«No podemos dejar de manifestar el más enérgico repudio al traslado de la jueza Mariana Motta y al accionar de la Suprema Corte de Justicia en su declaración de inconstitucionalidad de la ’Ley interpretativa de la caducidad’.

«Ni un paso atrás. Juicio y castigo a los culpables», finaliza la nota firmada por Adolfo «Fito» Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA.

* Equipo de Comunicación de la CTA