El proyecto es una nueva vuelta de tuerca sobre el tema del terrorismo, en el marco de la imprecisa definición que el Pentágono le asigna. Así, se pretende instalar como agravante de un delito «obligar a las autoridades públicas nacionales» a «realizar un acto o abstenerse de hacerlo».

Es decir, que una acción de la oposición política o social que tienda a modificar políticas del gobierno o impedir su aplicación o a exigir un derecho que no quería otorgar podría constituirse en un agravante. Encuadrarían en ello, entonces, una huelga, un reclamo en una plaza, una declaración pública, un discurso, o un volante, entre otras cosas, que reclame contra políticas oficiales. Con la tan remanida cuestión de combatir al terrorismo, en realidad, se penaliza a la protesta social y política.

La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes (la del menemismo, por ejemplo), momentos de intensificación. Ahora, sin embargo, mientras el gobierno se ufana de no reprimir, no solo se ha avanzado en procesos judiciales contra los que luchan sino que también se pretende ajustar aún más la legislación represiva para que penda como una amenaza sobre los sectores populares.

Este proyecto es un paso peligrosísimo, que restringe la democracia, y que pretende acorralar a los sectores opositores.

Es decir, el Estado Nacional está privilegiando, en este punto, sus relaciones con el poder financiero internacional por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país ( sindicatos, organizaciones de campesinos y pueblos originarios, organismos de derechos humanos, movimientos sociales), precisamente aquellas que, desde 1976 en adelante, han sido quienes han encabezado los procesos de resistencia popular ante la profundización de los programas de ajuste.

Llamamos pues a oponerse firmemente a dicho proyecto de ley y, particularmente, a los que tienen responsabilidad de legislar, a impedir su sanción.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011

Víctor Mendibil Secretario General Federación Judicial Argentina

Hugo Blasco Secretario de Derechos Humanos CTA Nacional