Sin embargo, luego que esta situación fuera sometida a la Contraloría regional, el organismo señaló que el proceso quedó invalidado porque no habría sido informado al subsecretario de la cartera.

Para el presidente regional de la Anef, Julio López Ojeda, es ésta una “interpretación errada de la ley”. “Lo que estamos viendo con el caso de Natacha Pot en el Serviu y en la seremi de Vivienda es una más, la más grave quizás, pero una más de otras señales respecto de la actitud del gobierno que encabeza Sebastián Piñera y en esta región la intendenta Pilar Cuevas con los funcionarios públicos y con las organizaciones sociales y sindicales. Ellos no tienen ningún respeto por la voluntad de los funcionarios públicos” indicó.

Agregó que el proceso fue avalado por los propios funcionarios, quienes votaron en un acto democrático respaldado por la legislación vigente. “Estos funcionarios querían que ella fuese su presidenta y este gobierno no tiene voluntad de aceptar ese mandato que han dado los funcionarios y eso es grave” puntualizó.

Ante esto, a través de la dirección nacional del organismo sindical, se recurrirá a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de este despido irregular. La semana pasada ya la senadora DC Ximena Rincón se comprometió a iniciar gestiones ante el contralor Ramiro Mendoza, pero los funcionarios no se quedarán sólo en ese trámite. “Estamos evaluando seguir con recursos de protección, porque hay que diferenciar dos focos de conflicto. Primero, hay de parte de la Contraloría regional una interpretación errada de la ley a nuestro parecer. Pero lo más grave es que esto nace de una voluntad política de parte del gobierno, de parte del seremi y el seremi subrogante, de perseguir a los funcionarios que han declarado en contra de HidroAysén”. En este sentido recordó los sumarios, sanciones y desvinculacines que afectaron a los otros dos profesionales que declararon ante la Cámara de Diputados para informar sobre las gestiones que el ex seremi de Vivienda Nicolás Terrazas (con conflictos de interés por la participación de su padre en contratos con HidroAysén y los terrenos por los cuales su hermano recibiría indemnizaciones de la empresa de aprobarse el proyecto), el seremi subrogante Rodrigo Solís y la jefa del Departamento de Planes y Programas del servicio, Rosa Toro, hicieron para cambiar de inconforme a conforme el último informe de pronunciamiento técnico sobre el proyecto. Los funcionarios finalmente desviculados fueron la responsable de la oficina de partes Susana Niccodemi y el evaluador Fernando Miranda.

Julio López emplazó a “la señora intendenta y al diputado Sandoval, que ha defendido férreamente la gestión de estos seremis, que nos trasparenten a qué se debe que se defiendan tanto los intereses de HidroAysén dentro de los servicios públicos y cómo van a garantizar que las empresas no se tomen el Estado a través de prácticas como ésta”.

Natacha Pot, la dirigenta hoy afectada, asegura que su desvinculación fue, al menos, extraña, toda vez que se le notificó después que retiraropn el computador de su puesto de trabajo y eliminaron su tarjeta del reloj control. “Creo que nunca me atacaron directamente, ni el ex seremi trató de contradecir lo que yo declaré en la fiscalía y en la Cámara de Diputados. Yo creo que tampoco tenía argumentos para decir que yo estaba faltando a la verdad. No sólo a mí sino también al resto de las personas que fueron a la comisión de Derechos Humanos como Fernando Miranda y Susana Niccodemi” señaló.