56 aniversario

"Mi trabajo son tus derechos"

CLATE y ALAL repudian la criminalización de la protesta en Argentina

CLATE y ALAL repudian la criminalización de la protesta en Argentina

La Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) y la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) expresaron su enérgico repudio ante el intento de criminalización de la protesta social expresado en el nuevo Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de Circulación, anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

«El gobierno argentino acaba de anunciar, apenas asumido, un paquete de medidas económicas típico de los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. La devaluación de la moneda y la liberación de los precios provocó una fenomenal caída del salario real, y se prevé que en los próximos meses alcanzará niveles de hiperinflación», explica el comunicado, que lleva la firma del presidente de CLATE, Julio Fuentes, y del titular de la ALAL, Matías Cremonte.

«Es en ese contexto que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presenta este nuevo Protocolo para responder a la protesta social que tales medidas económicas sin dudas generarán«, señalan.

Para ambas organizaciones, «se trata de una norma inconstitucional, pues pretende reglamentar los derechos constitucionales de protesta y de manifestación mediante una resolución ministerial, algo que eventualmente sólo podría hacer el Poder Legislativo».

Julio Fuentes, presidente de CLATE.

La nota de CLATE y ALAL denuncia, además, que la Ministra «avanza sobre facultades del Poder Judicial, atribuyéndose la potestad de tipificar las manifestaciones públicas como un delito». De esta manera, «autoriza a las fuerzas de seguridad a reprimir cualquier protesta, hacer tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales, incautar vehículos y sancionar a personas y asociaciones por el ejercicio de un derecho fundamental».

«Ello no sólo atenta contra el estado de derecho, sino que además supone atribuir de facto la suma del poder público a la Ministra de Seguridad. En efecto, se trata de la declaración de una suerte de
estado de sitio sin ninguno de los requisitos previstos en la Constitución Nacional para ello», afirma la nota conjunta.

Matías Cremonte, presidente de ALAL.

Y recuerda que «la jurisprudencia de los tribunales penales de Argentina ya determinó que el ejercicio del derecho de manifestación no constituye delito«, así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se expidió del mismo modo en reiteradas oportunidades.

La CLATE y la ALAL exhortan al Ministerio de Seguridad «a dejar sin efecto dicho protocolo y a instruir con precisión a las fuerzas de seguridad federales a su cargo, a sus mandos operativos y los agentes de todos los niveles, a respetar la integridad de las personas que ejerzan el derecho constitucional y democrático a manifestarse, respetando lo dispuesto por normas constitucionales e internacionales de DD.HH.»

«Repudiamos este intento de criminalización de la protesta social y del derecho de huelga que violenta principios y garantías fundamentales para el progreso social y la defensade derechos humanos esenciales», manifiesta el comunicado. Y finaliza: «Enviamos nuestro apoyo y solidaridad a las y los trabajadores de Argentina y sus organizaciones, quedando a disposición para lo que consideren necesario».

Ver el comunicado completo.

Noticias Recientes:

Noticias Relacionadas: