En el marco de las audiencias que el Parlamento uruguayo viene desarrollando para «escuchar» los puntos de vista de distintas organizaciones de la sociedad civil en relación a la Ley de Urgente Consideración*, dirigentes de las y los trabajadores del Estado asistieron el pasado 18 de mayo y dejaron su visión sobre los contenidos del proyecto.
Por Carlos Lebrato, desde Montevideo
Una delegación de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organización que integra la CLATE, encabezada por su Presidente, Martin Pereira, junto al Secretario General, Joselo López, participó de la convocatoria de la Comisión Especial Parlamentaria que analiza la Ley de Urgente Consideración y escucha a las organizaciones sociales y sindicales que plantean su visión y posturas sobre este proyecto. De acuerdo a la percepción de los integrantes de COFE, y tal como ha sido la tónica con otras delegaciones, la reunión cumplió con las reglas básicas, donde parlamentarios de todos los partidos escucharon sin realizar ninguna intervención.
Según un informe elaborado por COFE junto al Instituto de Estudios Sindicales “Universindo Rodríguez” (INESUR), hay artículos incluidos en la Ley de Urgente Consideración que son claramente inconstitucionales y la forma en que son tratados temas tan fundamentales para los trabajadores del Estado ameritan una discusión más profunda y en detenimiento, a diferencia de este tipo de herramientas legales, que limitan una discusión parlamentaria de 90 días. Es por eso que los dirigentes se manifestaron tajantemente el pasado lunes sobre este tema y plantearon sus reparos en cuanto a su forma y contenido, especialmente en relación a aquellos artículos que afectan directamente a los trabajadores estatales.
«Nosotros exigimos que cada figura nueva que se cree por esta ley, como lo es la creación de un delegado del servicio civil en cada inciso u organismo, sea designado por concurso para que no se transforme en una especie de comisario político del Gobierno de turno en cada organismo», indicó Pereira y agregó que «es imprescindible apuntar a que dichos delegados sean elegidos por concurso y de acuerdo a la carrera funcional y no continuar con una lógica de amiguismo y a discreción del director o ministro de turno”.
Además, la ley habilita traslados de funcionarios entre organismos de la Administración Central, Entres Autónomos y Servicios Descentralizados, establece que el Poder Ejecutivo puede realizar reestructuras en los ministerios, pero no establece ningún criterio para hacerlo.
COFE sostuvo en su comparecencia con los legisladores que estos temas deben ser considerados en el marco de la Negociación Colectiva, según lo dispuesto en la ley 18.508, «por lo que su inclusión en la Ley de Urgente Consideración violenta dicha norma».
Esta ley también incluye un artículo que pretende imponer limitaciones al derecho de huelga, a lo que COFE se pronuncia en contra porque también se estaría violando la Constitución, indicó Pereira, quien agregó que “el artículo que afecta a los sindicatos y le asigna una abusiva discrecionalidad al Estado para indicar cuándo una huelga es pacífica o no, sin señalar qué autoridad tendrá dicha responsabilidad y en función de qué criterios».
A su vez el Secretario General de COFE, Joselo López, fue uno de los dirigentes que consideró la reunión parlamentaria de la presente jornada como «un trámite formal».
«No hay preguntas, nosotros hablamos y se termina. Pasó hoy con la Ley de Urgente Consideración, pero ha pasado con el Presupuesto». Para el dirigente de COFE la instancia se cumple «como una formalidad, para no quedar mal con los trabajadores, pero da la sensación que las definiciones la van a tomar a otro nivel. Y vaya uno a saber si en verdad se toman en cuenta las cosas que dicen las organizaciones sociales o no. Uno estudia estos temas, los prepara, realiza una exposición de motivos sesuda y con contenido lógico y legal pero no te preguntan nada, son muy pocos los que prestan atención», fustigó.
* La Ley de Urgente Consideración es una herramienta parlamentaria que permite un tratamiento urgente, casi sin discusión, a un paquete de leyes y cuenta con un máximo de 90 días para su discusión y tratamiento. Concluido ese plazo, la ley queda aprobada tácitamente.
