La Confederación de Organizaciones Funcionarios del Estado (COFE) del Uruguay, integrante de CLATE, se movilizó este lunes hasta la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República, para presentar un recurso administrativo en rechazo al nuevo decreto del gobierno sobre licencias médicas en el sector público, que establece el descuento del 25% del salario en el caso de que las certificaciones médicas superen los 9 días continuos o fraccionados en un año.

Para el secretario general de COFE, José Lorenzo López, se trata de un decreto que “se hizo sin la negociación colectiva correspondiente”, y se mostró contrario a varios artículos presentes en la norma.

“La Ley 18.508 de negociación colectiva en el sector público establece con suma precisión que las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes”, expresó López.

Además, informó que, en menos de 72 horas, se reunieron más de 14 mil firmas de trabajadores y trabajadoras del Estado que se oponen a esta norma y que fueron presentadas este lunes junto al recurso.

Por su parte, Martín Pereira, presidente de COFE y secretario general de CLATE, aseguró que el objetivo del Gobierno con este decreto “es hacer caja con la salud de los trabajadores”. Y agregó: “Es algo que lo dijeron ellos mismos: para darle más fondos a la educación, necesitan que este decreto esté vigente”.

El dirigente aseguró, asimismo, que es “insólito” lo dispuesto en el artículo 24 del decreto: “Si bien en los artículos 19 a 22 se establecen algunas situaciones de excepción al descuento, que estaban recogidas en la ley, dado que no se dispone con claridad cuáles son las enfermedades que podrían no generar descuento, la norma prevé descontar como principio primario. En todo caso, el funcionario será quien deberá probar luego, por la vía de una petición administrativa, si el descuento se aplica o no”, indicó COFE.

La organización sindical reclama el hecho de que en caso de enfermedades complejas, como las oncológicas, cardiológicas, neurológicas o de otra índole igual de graves “pasarán por el descuento y luego será el funcionario que deberá probar que las mismas se encuadran en las excepciones previstas”.

“Qué fácil resulta para este gobierno legislar y firmar decretos cuando los perjudicados son los trabajadores. El fundamento para aplicar los descuentos es puramente recaudatorio, bajar el gasto a costa de la salud de los trabajadores, sin ninguna instancia de negociación colectiva, ni análisis ni valoración por parte del Poder Ejecutivo de otras alternativas, previas a aplicar la rebaja del salario”, afirmó.

El presidente de COFE explicó que están analizando con un abogado la inconstitucionalidad de esta ley e informó que es otra de las acciones jurídicas que se van a plantear. Asimismo, adelantó que realizarán una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “para que estén al tanto de la situación».