En una jornada histórica, la ATE Argentina, junto al Estado empleador y UPCN, firmaron ayer la adecuación del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de acuerdo lo estipulado por el Convenio 190 de la OIT sobre la Violencia y el Acoso en el mundo del trabajo.
La firma de este acuerdo, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2023, se trata de un hito dentro del movimiento sindical estatal argentino, ya que es el primer Convenio Colectivo de Trabajo en el país que incorpora dichas directrices en su texto y ubica a todos los actores intervinientes como pioneros en la materia.
En representación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), organización que integra la CLATE, estuvieron presentes: Rodolfo Aguiar, Secretario General Adjunto nacional; Gladys Sosa, Secretaria de Comunicación y Paritaria Nacional CIOT; Clarisa Gambera, Directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE Nacional; Flavio Vergara, Director del Departamento de Negociación Colectiva; Silvia Bergalio, integrante del equipo a cargo de Gambera y Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico; así como Rodolfo Mussi, paritario COPIC-SINEP.
Del Estado empleador, participaron Raquel ‘Kelly’ Olmos, Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y Ana Castellani, Secretaria de Gestión y Empleo Público; entre otras autoridades de Gobierno y dirigentes estatales de UPCN.
Una de las reformulaciones sustantivas que se realizaron es la ampliación del ámbito de actuación de la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato (CIOT). Previamente, las denuncias solo versaban sobre situaciones de violencia laboral por parte de superiores, es decir, en aquellos casos en que hubiera una relación jerárquica asimétrica de empleado-jefe. A partir de la presente modificación, la CIOT tratará todo tipo de denuncias que impliquen violencias laborales y por razones de género, abordando toda amenaza o conducta violenta, incluyendo aquellas entre pares.
Asimismo, también se incluyeron conquistas como la obligación del Estado empleador de disponer de lactarios en los edificios de los organismos y jurisdicciones que integran la Administración Pública Nacional y la Licencia para la Integración Familiar, Guarda con Fines de Adopción y Adopción de Integración. Ambas cuestiones ya se habían acordado y prorrogado previamente en sucesivas paritarias, que con estas modificaciones formarán parte permanente del texto del CCTG 214/06.
«Este año terminamos la paritaria nacional con una importante ampliación de derechos. Estamos frente a un significativo avance, que nos permitirá ponerle fin a la violencia y el acoso laboral en el Estado”, reconoció Rodolfo Aguiar tras la firma. “Es el primer Convenio Colectivo en el país que se adecua al Convenio 190 de la OIT. Cuidar la integridad y dignidad de los trabajadores y trabajadoras debe ser nuestra mayor prioridad y hoy hemos dado un gran paso en ese sentido. Esto es fruto de la organización y la lucha de las mujeres y de todo el movimiento obrero», agregó el secretario general adjunto de la ATE nacional.
“Este acuerdo es un avance muy importante, y es fruto de una ardua tarea llevada a cabo por las y los delegados paritarios que trabajaron en pos de hacer cumplir un Convenio tan vital como lo es el 190 de la OIT”, expresó también Julio Fuentes, presidente de la CLATE, quien además agregó: “Nuestra Confederación trabaja activamente en todos los ámbitos internacionales y de nuestra Región para erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y para lograr la plena aplicación de este y otros convenios de la OIT”.
“Celebramos este aporte que se da en este contexto histórico donde el movimiento obrero y el feminismo vuelven a encontrarse y a mostrar toda la potencia que tienen en la ampliación de derechos” afirmó también Gambera tras la firma en sede del Ministerio de Trabajo de la Nación. La dirigente de ATE reconoció también que “este acuerdo debe servir para pensar el Estado no sólo en la Administración Pública Nacional, sino este Estado federal que tiene que ser libre de violencias de género. Así que desde ATE vamos a trabajar para que lo que hoy se firmó en el ámbito nacional derrame y pueda ser llevado a los estados provinciales y municipales”, concluyó Gambera.
“La violencia en el mundo del trabajo constituye una afrenta contra la dignidad, la salud y el bienestar de las personas que trabajan, y es inherente al sistema de producción y relaciones laborales en el que vivimos y nos desarrollamos. En este sentido, el empleo público no es ajeno a esta problemática, muy por el contrario la misma se agrava durante los cambios de gestión gubernamental, que muchas veces propician altos niveles de violencia contra quienes desarrollan sus tareas en el seno del Estado”, expresó la abogada Mariana Amartino, integrante del Equipo Jurídico de la ATE. Y agregó: “Esperamos que este acuerdo sea un faro, no sólo para las provincias y municipios, sino también para el sector privado”.
