Denunciamos que el juicio político fue un acto de barbarie, brutalidad y prepotencia de las cámaras legislativas, decidido previamente a nivel de los principales partidos políticos con representación en las mismas, aunque haya seguido el procedimiento previsto en el artículo 225 de la Constitución.
Fue un acto manifiestamente arbitrario por su desconocimiento del ordenamiento jurídico, las acusaciones inconsistentes, la pobrísima presentación de las mismas por los fiscales acusadores, los plazos brevísimos, la falta de discusión previa al dictamiento de la sentencia, demostrando el carácter absolutamente arbitrario de un procedimiento basado exclusivamente en una decisión política sustentada en contar con los votos necesarios para formular la acusación y dictar la sentencia condenatoria, contrario al Estado de derecho, realizado bajo el ropaje de las formas previstas en la Constitución para el juicio político. Por ello, debe ser calificado como un golpe de estado legislativo.
Instamos a los gobiernos de la región y del mundo entero, así como instituciones internacionales incluyendo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y otros que puedan ejercer presiones efectivas, a que actúen con determinación contra la violación de los derechos democráticos fundamentales en Paraguay, para asegurarse de que le sea restituida su plena autoridad al gobierno legítimo del Presidente Lugo;
Federico Franco asumió la presidencia de la República como resultado de un acto inconstitucional del Congreso (en particular, de la Cámara de Senadores) y en consecuencia,no tiene legitimidad de origen (en cuanto Presidente de la República) y, en la terminología constitucional (Art. 138 CN.), es un usurpador de la titularidad del Poder Ejecutivo.
La acción de los partidos que dominan la política paraguaya no puede ser aceptada pues representa una conducta antidemocrática, que hiere los principios que han sido conquistados con mucho sufrimiento por el pueblo paraguayo, después de décadas de dictadura y regímenes al servicio de la oligarquía. Es evidente que detrás de esta acción se esconden los intereses más atrasados que han dominado la vida la política y económica del país y que han sido los principales beneficiarios de la apropiación de las riquezas del Paraguay y de la explotación de las clases trabajadoras.
Consideramos que las medidas adoptadas por los gobiernos de MERCOSUR y de la UNASUR, deben ser ampliadas en todos los escenarios internacionales, para cuestionar al gobierno que se instauró de manera ilegítima y señalar que ese tipo de prácticas no serán aceptadas por la comunidad internacional.
Manifestamos el continuo y pleno apoyo del movimiento sindical internacional a las afiliadas de la CSA/CSI: la CUT-A y CNT, en coordinación permanente con la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y las Federaciones Sindicales Internacionales, para implementar las medidas que a nivel sindical serán adoptadas para rechazar este golpe a la democracia en Paraguay.
Intensificaremos las acciones sindicales internacionales en solidaridad con el movimiento sindical y el pueblo paraguayo para:
– promover acciones internacionales, en coordinación con las Federaciones Sindicales Internacionales, para intensificar el apoyo sindical contra el golpe ocurrido en Paraguay;
– seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos en el país, y mantener el apoyo al movimiento sindical paraguayo en su lucha por resolver la crisis, basándose en la democracia, la justicia social y los derechos de los trabajadores y trabajadoras;
– estar dispuestos a enviar, cuando resulte conveniente y apropiado, una misión de solidaridad con el pueblo y los trabajadores de Paraguay que han luchado valientemente contra el golpe, para hacerse una idea exacta de la situación de derechos humanos y sindicales en el país.
Ref. D12 Golpe de Estado en Paraguay
São Paulo, 02 de julio de 2012
Señor José Miguel Inzulsa
Secretario General
Organización de los Estados Americanos OEA
Washington, DC EEUU
