El Estado de Argentina deberá resarcir a la comunidad QOM con una suma de 375 millones de pesos por la Masacre de Napalpí ocurrida en 1924. También deberá implementar un plan de inversión pública y una mesa de diálogo con este sector.
Contexto Histórico
Durante 1924 en la República Argentina, durante el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, la zona del aquel entonces Territorio Nacional del Chaco, el cual contenía en un comienzo varias zonas que corresponden hoy al chaco boreal (actual territorio paraguayo), se posicionaba como una de las principales zonas de producción algodonera del país. Bajo la gestión alvearista, se designó a Fernando Centeno, un terrateniente de la producción algodonera, como gobernador de este territorio.
La zona de Napalpí funcionaba como un área de cultivos, donde las comunidades indígenas eran obligadas al sometimiento de trabajar en condiciones esclavitud y precariedad extremas. Es así que en Julio de 1924 se alzaron en huelga con el motivo de denunciar la explotación a la que se veían sometidos por parte de los patrones terratenientes y planeaban dirigirse hacia los territorios de Salta y Jujuy.
Ante esta situación el gobernador Centeno rechazó este accionar prohibiéndoles abandonar el territorio y ante la continuidad del reclamo por parte de las comunidades indígenas ordenó la represión que terminaría desembocando en una de las masacres mas brutales.
La Masacre
La mañana del 19 de Julio de 1924, un grupo de policías y civiles enviados con armas de fuego por los terratenientes locales rodearon la zona de protesta de la comunidad indígenas. El ataque terminó en una matanza, los heridos fueron degollados y colgados, llevándose así la vida de más de 1500 personas.
Fallo de la Justicia
El 14 de septiembre del 2020, a través de un fallo dictado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, se condenó al Estado Nacional Argentino al pago de la suma de $ 375.930.000 por el Genocidio del Pueblo Indígena Qom en la masacre de Napalpí de 1924.
Cabe destacar que, a raíz de este fallo, también se instó al Gobierno Argentino a llevar adelante la implementación de un plan de desarrollo con inversiones públicas, que contemple la asignación de recursos y así como también la constitución de una Mesa de Diálogo entre el Poder Ejecutivo Argentino y la Organización Indígena.
La causa fue presentada ante la justicia en el año 2004, donde se inició una demanda al Estado Argentino llevada adelante por el Dr Carlos. A. Díaz, autor de obras como “El año de la Masacre”, y los Doctores David H. Parras, Julio C. García y Mónica M. Echevarría.
Durante varios años se llevaron adelante la búsqueda de documentación histórica, investigaciones antropológicas y peritajes criminalísticos en función de obtener toda la evidencia necesaria para continuar con la causa y llegar a este momento.
Hasta el momento de la presentación, no existían antecedentes en toda la región sobre un caso judicial relacionado a los crimines de lesa humanidad contra un pueblo indígena cometido el siglo pasado.
