En Colombia, los sectores vinculados a la salud dejaron claro que no están de acuerdo con el proyecto de ley, planteado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, y que podría ser aprobado por el Senado. Este miércoles continúan las protestas y el paro en el sector salud, aunque se garantiza la prestación de los servicios prioritarios a los pacientes.

Las deudas con la red hospitalaria pública del país, la propuesta de la titulación a especialistas por parte de los hospitales universitarios, y el proyecto de ley ordinaria para reformar la salud, que levantó toda clase de críticas, son la razones que esgrimen los gremios y la sociedad civil para mantenerse en las calles.

En distintos escenarios, voceros de estos grupos han pedido la modificación y hasta el retiro del proyecto, que en breve empezará a ser discutido por la Cámara de Representantes.

Los detractores de la normativa alegan que el proyecto no reforma de fondo el sistema de salud, sino que pone topes a los salarios de especialistas, elimina la tutela, limita el plan de beneficios, les dan más poder a las EPS (Entidad Promotora de Salud) y acaba con los hospitales públicos.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, no solo ha desmentido estas afirmaciones, que calificó como “mentiras descaradas”, sino que defendió la propuesta. Insiste en que sí introduce cambios estructurales y que el modelo impactará en la calidad, el acceso y en la cobertura de los servicios de salud.

“Si bien no hay ninguna ley perfecta, hay puntos trascendentales dentro del proyecto, como la centralización de la tesorería, la redefinición del papel de algunos actores, la ampliación de un plan de beneficios (con exclusiones), que garantizaría las necesidades de la gente y el fortalecimiento de los modelos de atención primaria”, dijo Gaviria según lo que reseñó el portal web eltiempo.com.

Según el ministro, “el proyecto acaba con los incentivos perversos, elimina la fuga de recursos y organiza el sistema pensando en la gente y no en los agentes”.

Sin embargo, los hospitales insisten en que el proyecto los deja igual o peor. De acuerdo con Olga Lucía Zuluaga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado (Acesi), “de los 400 hospitales que están integrados en Acesi, la mitad está a punto de cierre por el grave nivel de iliquidez”.

El secretario de Salud de Bogotá, Aldo Cadena, fue la cabeza más visible de esta convocatoria, precedida por una carta que algunos secretarios y directores de hospitales públicos enviaron al presidente Santos meses atrás, alertando sobre la grave situación de la red pública.

“Esta reforma les da un nuevo aire a las EPS, redefiniendo su papel de aseguradoras, mantiene la integración vertical, acaba con la red pública y profundiza el desequilibrio marcado hacia lo curativo, lo que encarece y hace ineficiente al sistema. No acaba el negocio y los cambios no impactan en la gente”, afirmó el Secretario, quien adelantó que si no hay soluciones “nos volveremos a movilizar, pues el Gobierno solo entiende el lenguaje de las movilizaciones”.

Por su parte, las organizaciones de pacientes, que también protestaron, insisten en que el sistema de salud recorta los servicios a través de Mi Plan, profundiza las inequidades y podría, potencialmente, dejar sin servicio a algunos usuarios a través de una propuesta de cobertura progresiva, que tiene un periodo de transición de hasta tres años.

Laura Ramírez, vocera de Pacientes Colombia, dice que este proyecto “no beneficia al paciente y tampoco acaba con las barreras de acceso a los servicios de salud”.

Este martes, durante otra protestas, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con los integrantes de la comisión séptima de la Cámara y se abrió la posibilidad de hacer ajustes al proyecto, que permitan reducir la incertidumbre y concretar un plan de salud pensado especialmente para la población.