Que los aplausos se transformen en presupuesto”, “Yo estoy con la educación pública” y “presupuesto para el pueblo” eran algunas de las consignas que se podían leer este jueves 10 de setiembre alrededor del Palacio Legislativo, lugar donde se viene tratando la Ley de Presupuesto quinquenal presentado por el gobierno de coalición en Uruguay. Allí fue convocada una manifestación por parte de la Intersocial, organización que nuclea a diversas organizaciones sociales y gremios, entre los que está la COFE y el PIT-CNT.
Por Carlos Lebrato (Prensa COFE Uruguay)
Amira Fagúndez, militante de la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay, fue la encargada de leer la proclama cuestionó duramente el proyecto de ley de Presupuesto Nacional que «recorta salarios y derechos y pone en riesgo lo alcanzado en materia social». Para la Intersocial, «menos salarios son menos jubilaciones, menos plata en la calle es menos consumo y menos consumo es menos recaudación, pero también menos educación, menos salud y menos seguridad social».
En su mensaje a la población y al gobierno, la Intersocial también se detuvo a analizar la situación de la educación pública y los intentos de achique presupuestal. «Sin educación pública no hay futuro y nos afirma que el proyecto de país que pretende el actual gobierno, no es un país que logré desarrollarse con soberanía nacional, lo cual queda plasmado en el recorte en el presupuesto para la educación, la cual debería ser un derecho al que todas las hijas e hijos de trabajadoras puedan acceder y no un privilegio para quienes puedan pagarla. Defender nuestra Universidad de la República, nuestro hospital de clínicas y la educación de calidad en todos los niveles es necesario para que las desigualdades no se sigan profundizando», fustigó.
Este proyecto de ley de presupuesto nacional se apoya en la idea central de reducir del déficit fiscal, ubicado en 4,6%, hipotecando en ese proceso cualquier política social y de apoyo a la población más vulnerada, “desde esta perspectiva, es imposible no vincularlo con la reciente aprobada ley de urgente consideración (LUC). En este sentido, la LUC se vuelve el brazo ejecutor, necesario para la implementación efectiva del presupuesto. La incorporación de una regla fiscal asociada al gasto, prevista en la LUC, limita la asignación presupuestal. La caracterización que se hace de las bondades del mercado y de las ventajas de la competencia como mecanismo para alcanzar mejores niveles de eficiencia toman parte de una idea exclusivamente mercantilizadora del rol del Estado”, sostuvo.
Recordemos además que en el articulado de la LUC restringe el derecho de huelga y no garantiza su ejercicio y efectividad, tal como establece la Constitución de la República, supone, por un lado, que la huelga en sí misma no es pacífica y, por otro, no expresa cómo garantizará el Estado el desarrollo pacífico de esas medidas, dejando entrever restricciones al ejercicio del derecho de huelga.
Agregó que “el resultado de estas recetas” cuando fueron aplicadas en los noventas fue cuando se agudizó “el desmantelamiento de la industria nacional, la pérdida de competitividad y el empeoramiento de las condiciones de vida”. Subrayó que “no hay que confundir crecimiento con desarrollo”, ya que el primero no garantiza el segundo, porque crecer “puede ser una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la calidad de vida de las personas”.
