El pasado viernes, el Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilitó a Jair Bolsonaro por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación. El ex presidente fue declarado inelegible por ocho años, hasta el 2030.
Para el dirigente de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y secretario general adjunto de CLATE, Sergio Arnoud, esta decisión «atiende a un principio básico de la democracia en Brasil».
«Este ciudadano, que incitó al odio, no solo estará inhabilitado hasta el 2030, sino que ahora su proceso fue encaminado al Tribunal de Cuentas de la Unión, donde también podrá ser juzgado e inhabilitado por un plazo mayor, por haber utilizado los medios del Estado para hacer proselitismo y campaña política», explicó el dirigente.
Y expresó: «Los sindicatos, la sociedad civil organizada y el país respiramos una nueva realidad con la inhabilitación de Bolsonaro«.
El juicio a Bolsonaro comenzó el 22 de junio y finalizó este viernes 30 de junio, en su cuarta sesión. Si bien el expresidente puede apelar la sentencia, la decisión del Tribunal Electoral ya está vigente.
Bolsonaro fue condenado por haber denunciado sin pruebas el sistema electoral brasileño en una reunión con más de 100 embajadores extranjeros el pasado 18 de julio de 2022. El encuentro fue transmitido por la televisión oficial y las redes sociales del gobierno.
En esa reunión, ocurrida en vísperas del inicio del período electoral, el expresidente difamó el sistema electoral, afirmando que era “inseguro” y repitiendo denuncias ya desmentidas de fraude.
Según la fiscalía, este episodio fue el inicio de una larga cadena que falsamente puso en parte de la población una sospecha contra el sistema de urnas electrónicas.
Desde la derrota electoral, el bolsonarismo ha intentado poner en duda el sistema de urna electrónica que rige en Brasil desde 1996 y ha promovido desde octubre bloqueos de rutas con campañas de empresas de camiones, campamentos frente a batallones del Ejército y finalmente el asalto a las sedes gubernamentales el 8 de enero en Brasilia.
Al menos 1.390 personas están denunciadas y más de 1.100 procesadas esperando juicio por haber participado de la intentona, la primera desde el retorno de la democracia en 1985 tras 21 años de dictadura militar.
La Policía Federal encontró planes y pedidos de teniente coroneles del Ejército a Bolsonaro para que no reconociera la elección, solicitudes no atendidas por el mandatario, que el 30 de diciembre, 2 días antes de tener que entregarle la banda a Lula, dejó el país y permaneció por tres meses en Estados Unidos.
