El director de Relaciones Internacionales de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSBP), Sergio Arnoud, rechazó el proyecto de reforma administrativa presentado hoy por el gobierno de Jair Bolsonaro al Congreso y lo calificó como un nuevo retroceso en materia de derechos laborales. La propuesta facilitará las privatizaciones y afectará la estabilidad de los servidores públicos.

“La reforma administrativa presentada por el gobierno federal no incluye a jueces, parlamentarios ni militares. Como de costumbre, recaerá sobre los que menos ganan”, afirmó en su última editorial el dirigente sindical brasileño, quien además es secretario general adjunto de la CLATE.

“La gran masa de servidores públicos –señala Arnoud– se concentra en algunas carreras fundamentales, como la educación, la salud y la seguridad. Y son estos sectores y otros de salarios menores los que sufrirán las consecuencias de más y más recortes salariales y de derechos y garantías”.

El representante de la CSPB explicó que el gobierno afirma, en su discurso, que el promedio salarial se verá aumentado, con los números de los sectores que quedarán excluidos del ajuste. Según el dirigente, se trata de argumentos que “sirven para impresionar la opinión pública que, una vez más, se verá engañada, como en las reformas laboral y previsional”.

Arnoud señala que, por otro lado, la reforma no establece impuestos a las grandes fortunas, a las transacciones financieras o a las ganancias, “lo que permitiría una recaudación muy superior a los anunciados 500 millones de reales en diez años”.

“El discurso oficial, que afirma que estas medidas alcanzarán a los nuevos ingresantes del servicio público es dudoso, ya que el Congreso podrá modificarlas y extenderlas a los actuales. Y, sin duda, luego será aplicada en los estados y municipios”, advirtió el dirigente.

Según Arnoud, “esta propuesta va a contramano de las políticas adoptadas en los países de la OCDE, que congrega los 40 países más ricos del mundo, los cuales entendieron que el modelo neoliberal de reducción del Estado fracasó y no sirve más”.

“Lamentablemente, Brasil está retrocediendo al siglo 18, precarizando la protección social y laboral y favoreciendo la deforestación y la minería ilegal”, agrega.

“En este momento, es deber de todo ciudadano manifestar su rechazo y la unidad de las organizaciones sociales y sindicales para impedir este nuevo retroceso anunciado”, finaliza el dirigente, quien también preside la Federación de Servidores Públicos del Estado de Río Grande do Sul (FESSERGS).

La propuesta de reforma administrativa, elaborada por el equipo económico del gobierno brasileño, favorecerá la privatización de empresas estatales, además de dificultar la estabilidad de los servidores públicos y eliminar centenas de carreras de la administración pública.