jue nov 20 2014

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) evaluará esta mañana el conflicto en el Poder Judicial por el cual reclaman un aumento salarial del 26% retroactivo al 2011.

En esta reunión, COFE analizará el pedido realizado por la Asociación de Funcionarios del Registro Civil (Afureci) de que haya un paro general nacional de los funcionarios del Estado cuando ellos y la Asociación de Magistrados realicen una movilización que, en un principio, está prevista para el próximo miércoles, si el lunes el gobierno no da una respuesta a los reclamos salariales.

El secretario general del sindicato de funcionarios del Estado, Joselo López, dijo a El País que «COFE se siente parte de este conflicto, ha estado en la propias negociaciones, los sindicatos son filiales de COFE. No es nada descabellado un paro. Hay que ver de qué manera seguir acompañando el conflicto que están desarrollando estos compañeros».

Los funcionarios del Registro Civil se reunieron ayer en asamblea y votaron otorgar un plazo al Poder Ejecutivo hasta el próximo lunes, el mismo que dio la Asociación de Magistrados para obtener una respuesta del gobierno.

«Si el 24 de noviembre el Poder Ejecutivo no se pronuncia sobre nuestros reclamos haríamos una movilización el mismo día que los compañeros judiciales», informó a El País el presidente del sindicato del Registro Civil, Eduardo Murias.

La movilización saldrá desde fiscalías y de los registros «hacia el Ministerio de Economía y haríamos un matrimonio en la puerta del Ministerio de Economía, esto si alguna pareja acepta», agregó.

Los funcionarios del Registro Civil también votaron solicitarle a COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado) que «acompañe con un paro general nacional el mismo día que hagamos la movilización».

El conflicto, que abarca al Poder Judicial y a los registros públicos, tiene su origen en un artículo de la ley de Presupuesto del actual gobierno que igualó los sueldos de los ministros del Poder Ejecutivo a los de los senadores sin tener en cuenta que eso beneficiaba a magistrados y funcionarios del Poder Judicial, los registros y las fiscalías en función de las normas de «enganche» salarial.

Esta semana el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que desconoce de dónde el Poder Ejecutivo obtendrá los fondos para cumplir con los pagos, que implican un aumento de US$ 60 millones en el presupuesto anual. Guerrero también indicó que «definitivamente» la solución al problema será posible en la discusión presupuestal del gobierno que asuma el 1° de marzo.

fuente: el pais.uy