Una de las características de política económica en la década ha sido el superávit fiscal del Estado
nacional y las provincias. El caso bonaerense hace visible un problema
que ya venían expresando otros estados provinciales y que afecta al
fisco nacional. En esta ocasión, la Nación tuvo que asistir
financieramente a la Provincia, aún cuando la cifra no alcanzó para
resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en
cuotas a los trabajadores estatales.

La respuesta de los estatales, profesionales y
trabajadores de la salud, de la justicia, y otras dependencias públicas
se movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago
unificado y denunciando una política de ajuste sobre los ingresos

de los trabajadores estatales. Vale consignar la importancia de la cuestión
salarial en Buenos Aires, el distrito de la Argentina con la mayor
cantidad de empleo público provincial, lo que representa casi un

1/3 del total de los estatales provinciales. Siendo la Provincia con mayor
cantidad absoluta de trabajadores estatales es uno de los Estados
provinciales con menor densidad de trabajadores por habitantes,
situación que comparte con Santa Fe y Córdoba, siendo las tres
provincias las que concentran la mayor cantidad de población en la
Argentina.
Son datos para pensar, sea el papel del Estado y la
cantidad necesaria de trabajadores para un efectivo y satisfactorio
cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al
entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo estatal en
las provincias de menor densidad poblacional para disminuir el desempleo

o subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido,
especialmente cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos

niveles del Estado, reduciéndose en la medida que se desciende desde

el ámbito nacional al provincial, y de éste al municipal. El promedio del
salario de los estatales nacionales duplica al de los trabajadores de
los Estados provinciales, los que al mismo tiempo duplican el ingreso

de los trabajadores municipales, evidenciando un desequilibrio
inequitativo, asociado a una des-jerarquización de ingresos de los
trabajadores en el ámbito de las Provincias y de las localidades del
interior del país.
El gobierno nacional intenta despegarse de la gestión
del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli, quedando
claro que se asiste a un nuevo capítulo de la crisis política en el
núcleo hegemónico del gobierno ampliado (Nación + Provincias). Parte de
la crisis se procesa en la justicia, con un fallo contra el gobierno en
primera instancia, que exige el pago completo del medio aguinaldo.

Habrá que ver como sigue el tema en segunda instancia y más allá.

El capítulo anterior de la crisis en el núcleo hegemónico se procesó con Moyano y
la actual conducción de la CGT, esperándose una nueva fragmentación de
la Central mayoritaria.
Ahora, el conflicto es entre el gobierno nacional y el
provincial, como sucesión de una historia que discute hegemonía política

sobre la administración del orden económico, político y social.
Reaparecen los condicionantes institucionales del 90´
Detrás de la crisis fiscal se encuentran los fenómenos
estructurales que condicionan el funcionamiento del capitalismo en la
Argentina.
Por un lado, la reforma del Estado, heredada de la
década del 90, donde la descentralización, uno de los ejes del decálogo
del Consenso de Washington, agranda la responsabilidad fiscal de los
Estados provinciales por el gasto transferido desde la Nación. Al mismo
tiempo se generaron condiciones para la dependencia financiera de las
provincias a la nación, algo visible en la coyuntura.
Por otro lado se destaca el papel de la deuda pública en el privilegio del

gasto público nacional, condenando a los trabajadores

estatales y al gasto social a ser variables de ajuste estructural. En
efecto, al mismo tiempo que se comunicaba la imposibilidad de la Nación

y la Provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados
públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la
República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares

de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer
trimestre del 2012 (Julio a Septiembre).
A los trabajadores bonaerenses se les cancela el medio
aguinaldo en cuatro cuotas (dos en el mes de julio del 15% cada una,
otra en agosto por un 30%, y el resto en septiembre), mientras que a
otros acreedores (de la deuda pública) se les cancela al contado, dando
fe de un “Estado buen pagador”.
Curiosamente, con los trabajadores movilizados en
protesta por el “ajuste”, el mismo día, el BCRA resolvía destinar 1.597
millones de dólares para atender vencimientos con organismos
internacionales, y 2.568 millones de dólares para cancelar deuda con
acreedores privados, incluido el Boden 2012, con vencimiento en agosto
próximo. La crisis del 2001 sigue pagándose en detrimento del ingreso

de los trabajadores y afectando la calidad de vida de los sectores de
menores recursos.
La medida adoptada por el BCRA supone satisfacer
mayoritariamente a acreedores externos de la deuda pública, sean los
organismos internacionales, o los tenedores extranjeros de los títulos
en cuestión. Esos fondos salen del BCRA contra documentos de pagos a
futuro por la tesorería nacional, y se suman a otros títulos emitidos
oportunamente. Las reservas internacionales rondan los 46.500 millones
de dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado Nacional,
cuyos vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno
después del 2015.
Como vemos, la cuestión se desencadena por las reformas
estructurales, con la base de los años 90´, descentralización estatal y
endeudamiento externo.
Con la descentralización de personal sin transferir
fuentes de ingresos suficientes, el resultado fue el deterioro de los
ingresos de los estatales provinciales, que son la mayoría del empleo
público en la Argentina. Un Estado con salarios deteriorados contribuye
seriamente en boicotear la calidad, eficiencia y compromiso del
trabajador en un proyecto público, es decir, asumido por el conjunto de
la población.
El peso de la deuda y los pagos de intereses y servicios de la misma

es clara demostración que el proyecto público presente de
“desendeudamiento” favorece a los acreedores externos, parte del núcleo
del poder en la Argentina. A éstos se suman las transnacionales de la
mega minería, la soja y el agro negocio, y las transnacionales de la
producción y los servicios, a quienes se invita regularmente a invertir
en el país, claro que a cambio de satisfacer sus objetivos de
importantes ganancias, retaceadas en estos tiempos de crisis del
capitalismo mundial.
El camino del ajuste desemboca en crisis
En síntesis, la crisis fiscal, a la que se suman los
problemas comerciales y que ponen de manifiesto las dificultades para
sostener el superávit del comercio exterior y las restricciones a la
compra de dólares, hablan del límite a dos aspectos centrales de la
bonanza económica de estos años: el superávit fiscal y comercial en
paralelo. Una vez más, el problema pretende resolverse con ajuste en el
ingreso de los trabajadores. La respuesta se manifiesta en protestas
diversas y aún desarticuladas políticamente.
El desafío se concentra en la construcción de una
alternativa política que pueda expresar la diversidad de protestas y de
formas organizativas que surgen en la coyuntura, sean los estatales
bonaerenses en la calle por el medio aguinaldo, los judiciales por la
porcentualidad en sus ingresos, los trabajadores de la construcción que
el sur demandan ser equiparados a los petroleros; o las protestas de

los pueblos fumigados, las poblaciones contra la mega minería a cielo
abierto, y múltiples otras formas y demandas de crítica y confrontación
de una sociedad no escuchada y en creciente proceso de organización y
manifestación de sus demandas, intereses y sueños.
Todo ello constituye la base de un proyecto a discutir
para organizar la sociedad sobre la base de la satisfacción de las
necesidades de la mayoría. Una lógica diferenciada de la de la ganancia
que hoy preside el desarrollo económico en el país y en el mundo.
La crisis global del capitalismo en la contemporaneidad
convoca a cambios, los que se procesan nacional y regionalmente en
función de la historia de los pueblos. Es evidente que en la crisis
actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases dominantes,
evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes sobre el proceso boliviano.
En la Argentina también se sienten las presiones y
acciones de las clases dominantes. Así como la movilización popular en
la rebelión del 2001 creó las condiciones para el cambio y en la
Argentina ya no se pudo ganar institucionalmente con el discurso
neoliberal, en la actualidad, será también la movilización social la que genere las condiciones de emergencia de un proyecto político alternativo.
J

ulio Gambina
Director Académico del Centro de
Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)