De acuerdo a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre los monopolios comunicacionales (Grupo Clarín;Vila-Manzano-De Narváez; Monetta, Telefónica-Telefé y Cadena 3, entre otros) deberán comenzar el proceso de desinversión para adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.



Al Gobierno no le resultará sencillo hacer cumplir esa cláusula prevista en el
artículo 161. No sólo por el poder que tiene en frente. También por la
mora en la resolución de temas puntuales para hacer viable la
instrumentación de la ley sin malversar su espíritu original.
Son cuestiones todavía irresueltas que impiden que la ley pueda
aplicarse en su totalidad, más allá de las maniobras dilatorias que
llevan adelante las corporaciones mediáticas –vía la Justicia o a través de intensas campañas de acción psicológica- para demorar en el tiempo su plena vigencia.

La ley fue sancionada en 2009 y todavía no funciona la Comisión Bicameral compuesta por ocho diputados y ocho senadores del oficialismo y la oposición que tiene como misión regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa. Por ello, tampoco están nombrados los directores de la Autoridad Federal de los Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) que representan a la oposición parlamentaria con lo que ese ámbito queda rengo en materia de legalidad y legitimidad. Por otro lado, las internas en el partido gobernante  paralizan en buena medida las gestiones administrativas, técnicas, políticas y operativas de la ASFCA.

Tampoco se está cumpliendo con el artículo 41 que fija las modalidades del traspaso de radios FM y AM. Lo hemos visto recientemente con la venta de C5N, Radio 10 y cuatro radios de FM de Daniel Hadad al “Grupo Indalo”, del magnate petrolero Cristóbal López, y también de emisoras de Garfunkel a Monetta como la Rock & Pop, Splendid y
Belgrano, entre otras estaciones.

Más preocupante aún, el fracaso del llamado a licitación para 220
frecuencias de TV digital estuvo directamente vinculado con las
exigencias económicas requeridas a los medios de comunicación
alternativos y comunitarios que debían abonar sumas prohibitivas para
organizaciones sin fines de lucro simplemente para retirar los pliegos
de adjudicación. Si no se replantea de fondo esta cuestión,

si el Estado no auxilia financieramente a este segmento comunicacional -en el que
abrevan las organizaciones libres del pueblo- para equiparse
adecuadamente, si la ASFCA los sigue ninguneando, se corre el riesgo
cierto de que el 33 por ciento de las frecuencias reservadas para los
sectores no capitalistas quede vacante y reducido a una entelequia. Las
radios y canales de televisión comunitarios sólo conquistarán el lugar
que les corresponde si no se quedan de brazos cruzados.

Ni que hablar del fallido de los artículos 154 y 155 de la Ley de
Medios  –motorizados por la burocracia sindical de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL)- que exige tener carnet habilitante del Instituto
Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) para ejercer la locución,
dejando sin trabajo a miles de trabajadores de la comunicación que
vienen desempeñándose como idóneos en esa tarea desde hace años en todo
el país. El ejemplo de organización y profesionalismo dado por Locutores por su Identidad, organización que encontró eco y contención a sus
demandas en el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de
Córdoba (Cispren-CTA), demuestra que se puede dar vuelta la media cuando hay voluntad colectiva de cambio.
Volviendo a la cláusula de desinversión y a la amenaza que se echó a
rodar en cuanto a que su aplicación provocaría despidos masivos. La
Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación
(FETRACCOM-CTA) tiene una posición muy clara en defensa de los
trabajadores: La preservación de los puestos de trabajo no está ligada
al mantenimiento de la propiedad de la licencia.
Cuando el oligopolio comunicacional deba adecuarse a la ley, las
empresas que se adjudiquen esas frecuencias tendrán que mantener la
fuente laboral bajo las mismas condiciones salariales y de trabajo que
tenían con sus anteriores patrones.
La Ley de Medios debe alentar la creación de más puestos de trabajo a periodistas, locutores, productores, técnicos, administrativos,
vendedores de publicidad, camarógrafos y ahuyentar los fantasmas de
cesantías cuando comience a aplicarse la cláusula de desinversión. La
ley concede además a la organización gremial una poderosa herramienta
para combatir el trabajo en negro, en tanto y en cuanto nadie que no
tenga al personal debidamente registrado puede ser titular de una
licencia.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual -de la que la CTA fue parte protagónica en su calidad de integrante de la Coalición de los 21 Puntos para una Radiodifusión Democrática difundidos en 2004 y que
sirviera de plataforma para la nueva legislación- se aprobó con un
elevado consenso social para terminar con el monopolio informativo en la Argentina y democratizar la comunicación, no para vestir un santo y
desvestir a otro. Estamos en contra tanto del Grupo Clarín, como el de
Vila-Manzano-De Narváez; Monetta; Telefónica-Telefé; Cadena 3 o la
cadena oficial de medios que armó el Gobierno.
Que la palabra circule libremente, haya pluralidad de voces, el
contenido sea federal, democrático y participativo y el sujeto de la
actividad, el trabajador, pueda ejercer su labor con absoluta libertad
de conciencia, es el destino manifiesto de la Ley de Medios.
Un destino que no debería hacernos olvidar que el mejor escudo que
tenemos en el campo popular para no caer en las garras de la
cartelización comunicacional, es perfeccionar, extender y consolidar
nuestros propios medios de comunicación.
Necesitamos que haya otras voces. Que no hablen solamente los
integrantes del coro estable del establishment. Necesitamos contar lo
que está pasando desde nosotros mismos, a partir de nuestra práctica,
sin intermediarios, con nuestro lenguaje y nuestra propia estética
audiovisual. Para que a la realidad no la sigan explicando únicamente
Clarín o los medios del Gobierno.
Fijar los contenidos de la agenda de acuerdo a nuestra estrategia de
poder popular. No comernos los amagues y operativos con los que nos
bombardea todo el tiempo el poder dominante. Producir, replicar y
amplificar lo que pensamos, decimos y hacemos todos los días. Esa es la
tarea.