La 21ª Conferencia de la
Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático reunida en París logró un modesto acuerdo: que 196 naciones asumieran el compromiso de
limitar el aumento de la temperatura planetaria a no más de dos grados. Este
consenso fue celebrado como un avance diplomático, dado que implica un
reconocimiento a la necesidad de reducir las emisiones de carbono generadas por
el consumo de combustibles fósiles. Sin
embargo, este acuerdo que parecía haber superado el lobby de las
multinacionales petroleras y energéticas, deja librado al aporte voluntario de
las partes las medidas a implementar para alcanzar esta meta.
El carácter no vinculante
de los aportes que cada Estado debe hacer para enfrentar el Cambio Climático
tuvo como correlato las negociaciones que 50 países realizaban en paralelo y
en secreto en Ginebra en el marco del Acuerdo sobre Comercialización de
Servicios (TISA). Mientras la atención mundial estaba puesta en la
negociaciones de París, el sitio de noticias Wikileaks hacía publicas las
negociaciones del Anexo TISA sobre Servicios Relacionados con la Energía, donde
aparecen temas como la neutralidad tecnológica, que limitan de manera
vinculante muchas acciones regulatorias que podrían implementar los Estados en
materia ambiental .
En secreto y a espalda de los pueblos
Las negociaciones de
Ginebra, encabezadas por EE.UU. y la
Unión Europea, buscan abrir los mercados nacionales a las empresas extranjeras
de energía. Al incluir el principio de neutralidad
tecnológica los Estados firmantes del TISA quedarán limitados a tomar acciones
para reducir las emisiones de carbono, tales como diferenciar entre fuentes de
energía contaminantes y no renovables (petróleo, carbón, etc.) y fuentes de
energía limpias y renovables (eólica y solar). Políticas impositivas
diferenciadas, subsidios direccionados o cualquier otra forma de promoción de
desarrollo sustentable quedarían vedadas para proteger las inversiones y
garantizar la libre competencia de las corporaciones del sector.
Restringir la capacidad
de los gobiernos de reglamentar los mercados, las empresas y la infraestructura
de la industria de energía no parece ser el mejor camino para alcanzar las
metas de la Cumbre de París sobre el clima. Mucho menos en un contexto donde
según la ONU se estima que para 2050 podrían existir 250 millones de seres
humanos desplazados a raíz de catástrofes ambientales. Acuerdos de libre
comercio como el TISA, al igual que el Tratado Transpacífico (TPP) y el Acuerpo
Transatlántico (TTIP) buscan reducir, limitar o proscribir cualquier
intervención del Estado que, con el fin de garantizar el interés colectivo,
pueda atentar contra los negocios corporativos.
Libre comercio y clima
A medida que más
documentos se filtran sobre el tema se empiezan a conocer en detalle las
intenciones de las multinacionales que impulsan los acuerdos y los alcances en
la vida cotidiana de los ciudadanos en caso de que estos tratados entren en
vigor. Por ejemplo, el Anexo TISA sobre Reglamentación Nacional restringe la capacidad de los gobiernos de
promulgar leyes que exijan normas técnicas o requisitos para la obtención de
licencias que puedan representar «una carga innecesariamente onerosa»
para las empresas y obliga a que las normas sean «objetivas» y
«razonables». Con esos
criterios se podría objetar desde una evaluación de impacto ambiental para
construir un oleoducto hasta establecer porcentajes de generación de energía
provenientes de fuentes renovables.
Asimismo, el Anexo TISA
sobre Compras Públicas impide a los Estados implementar políticas selectivas
respecto a sus proveedores de bienes y servicios en las licitaciones públicas.
De este modo, tanto la preferencia de proveedores locales como forma de
incentivo al desarrollo nacional como
aquellas que prefieran compras sustentables en relación a su impacto ambiental
quedarían vedadas.
