Acuerdos
como el TPP o el TISA apuntan ordenar el mundo en torno a los
intereses de las multinacionales, limitando radicalmente la potestad
soberana de los Estados para regular sus economías y desarrollar
políticas públicas basadas en el interés de los pueblos.

El
Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP
por sus siglas en inglés) es un instrumento que, al igual que el
TISA, plantea un ambicioso y peligroso avance de las empresas
multinacionales sobre la soberanía de los Estados. Si bien sus
antecedentes datan del año 2005, con el ingreso de Estados Unidos en
2008 el acuerdo se convirtió en un punta de lanza para la
reorganización del comercio mundial. Hoy forman parte de las
negociaciones EE.UU., Canadá, Australia, Japón, Vietnam, Singapur,
Nueva Zelanda, Brunei, Malasia y, en nuestra región, México,
Perú y Chile.

Luego
de años de negociaciones secretas y por fuera de la Organización
Mundial de Comercio, el 5 de noviembre de 2015 los gobiernos
participantes difundieron los detalles del acuerdo. El TPP se
desarrolla en 30 capítulos que abarcan áreas como:comercio de
bienes, administración aduanera, telecomunicaciones, compras
estatales, transparencia, propiedad intelectual, asuntos laborales,
servicios financieros, empresas estatales y monopolios públicos,
entre otros.

Uno
de los primeros rasgos de este tipo de tratados es que extiende su
ámbito más allá del comercio e involucran áreas donde los Estados
establecen regulaciones precisas o bien limitan a los monopolios
públicos con el argumento de favorecer la competencia privada. 

Algunas
señales de alerta

El
TPP promueve la reducción o eliminación de barreras aduaneras. Con
ello se restringen las posibilidades de los Estados de
desarrollar estrategias de desarrollo, se cristalizan las
asimetrías existentes entre economías de distinta escala y se
garantiza elcontrol de las cadenas de valor por parte de las
multinacionales líderes en cada rubro.

Se
limitan la capacidad de acción de la Empresas y Monopolios del
Estado (EyME) constituidos para salvaguardar el interés
público (tal como sucede en la provisión de agua, energía, etc).

Se
iguala a las EyME con las empresas privadas y se prohíbe a los
Estados otorgar subsidios o establecer preferencias en las compras
públicas.

Se
liberalizan las compras públicas, impidiendo a los Estados dar
preferencia a proveedores locales como forma de estímulo al
desarrollo nacional.

En
materia de telecomunicaciones y comercio electrónico se
limita la discrecionalidad de los Estados en la asignación de
licencias, se exige la libre disponibilidad de las
infraestructuras y el libre flujo de datos e informaciones.

Se
iguala a las empresas con los Estados en los procesos de
solución de diferencias, estableciendo mecanismo de arbitraje como
el CIADI como mecanismo de defensa de las inversiones.

En
materia de propiedad intelectual se aumenta a 70 años la disposición
monopólica de las obras, obturando la difusión del conocimiento,
con un impacto negativo en el área farmacéutica donde las
multinacionales del rubro se garantizan su negocio frente al ingreso
de genéricos y bioequivalentes.

Se
trata, en definitiva, de un acuerdo que como el TISA,
pone en riesgo la soberanía
política de los Estados nacionales y busca garantizar el control
operativo de las cadenas de valor a nivel mundial por parte de las
multinacionales.

{VIDEO} INFORME TTP LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS ESTÁ EN RIESGO: