El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) Luis Alpirez, realizó una presentación ante la Asamblea Anual de la OIT donde denunció al Gobierno guatemalteco por no cumplir con el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical.
En su exposición, realizada en la ciudad de Ginebra, Suiza, el pasado miércoles 14 de junio, Alpirez denunció, en primer lugar, que «las violaciones a la libertad sindical en Guatemala no se limitan a la obstaculización de las actividades de los dirigentes sindicales, sino que además existe una gravísima injerencia del Estado en la autonomía de las organizaciones sindicales violando de ese modo el Convenio 87».
El dirigente denunció también que «dicha injerencia ha llegado a su punto máximo a través de la judicialización de los pactos colectivos firmados libremente por las organizaciones sindicales y el Estado en su rol de empleador. Se ha denunciado penalmente a dirigentes sindicales por participar en los procesos que esas negociaciones han conllevado. Existe un verdadero desprecio por este fundamental instrumento de los trabajadores, herramienta esencial en el ejercicio de la libertad sindical».
El titular de la SNTSG, organización que integra la CLATE, reconoció también que «se ha profundizado la campaña pública de desprestigio y estigmatización en contra del sindicalismo la cual debe cesar de manera inmediata y el Estado debe jugar su rol de promoción y desarrollo de la libertad sindical. El Estado ha quedado, en esta materia, al servicio de las cámaras empresariales que elaboran la estrategia legal para la Procuraduría General de la Nación».
En ese marco, pidió que OIT exija al Estado de Guatemala que «cese de manera inmediata sus actos de injerencia y persecución de dirigentes sindicales. La violación a la libertad sindical ya llega a tal punto que todos los dirigentes estamos siendo judicializados con resoluciones de jueces que amparan a ministerios e instituciones para que se penalice la acción sindical y no se respeten los acuerdos alcanzados».
Asimismo, Alpirez denunció que «nuestros pactos en el sector público están siendo objeto de tardanza de homologación por parte del Ministerio de Trabajo. ¿De qué libertad estamos hablando si se insiste en que todos los pactos son ilegales y que tendrían que ser anulados los artículos que tienen que ver con sacar de la precariedad económica y la inestabilidad a los trabajadores?».
Además explicó que «quieren limitar la cantidad de días para ejercer la acción sindical» y reconoció: «Se ha puesto de moda en el sector público la destitución de trabajos de dirigentes para intimidar a los trabajadores y disolver los sindicatos».
Al finalizar su exposición, el dirigente del sector salud dijo: «Señor Presidente, Guatemala necesita urgentemente que la Comisión de Encuesta resuelva de una vez los problemas de libertad sindical antes que todos los dirigentes terminemos condenados penalmente por ejercer nuestro derecho. O peor aún, que podamos ser víctimas mortales como nuestros compañeros y compañeras cuyos casos están en total impunidad. Esto deriva de la cultura de odio que los medios de prensa oligárquicos y antisindicales se han encargado de difundir en contra de la acción social y sindical».
Y concluyó: «Somos amantes del diálogo como vía para resolver, pero con Ministros, Directores y abogados antisindicales que atienden los ministerios, como por ejemplo el de Salud Pública, nunca vamos encontrar eco a nuestra buena predisposición. Nos regresamos a Guatemala con la expectativa de que las cosas sean diferentes para todas y todos los trabajadores».
