En el marco de la convocatoria en Buenos Aires de las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos para exigir el cese inmediato de la represión al pueblo en la provincia de Jujuy, la CLATE participó del acto realizado este mediodía en la capital argentina y llamó a todas sus organizaciones de la Región a expresar su solidaridad y el reclamo ante las embajadas argentinas en cada uno de sus países.

Alrededor de 170 heridos, uno de ellos de gravedad por traumatismo de cráneo, y 68 detenidos (45 hombres, 18 mujeres y 5 menores) es el saldo de la violenta represión policial desatada ayer en Jujuy, provincia del norte argentino, donde el Gobierno de Juntos por el Cambio encabezado por Gerardo Morales impone una reforma de la Constitución provincial cuestionada por las organizaciones sociales, territoriales, sindicales y de pueblos originarios.

Tras lo sucedido, hoy las protestas en la provincia se replican con al menos 22 cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Susques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmamarca, donde el pasado sábado también hubo represión contra comuneros indígenas.

Además, distintos gremios y centrales sindicales, como los docentes, realizan un paro nacional de 48 horas que comenzó hoy. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), miembro de CLATE y de la CTA Autónoma, convocó junto a otros sindicatos a un paro nacional para el día 22 de junio y a una marcha en solidaridad con la lucha del pueblo jujeño que se realizó este mediodía en la Ciudad de Buenos Aires. Allí también convocó la Federación Judicial Argentina (FJA), miembro de la Confederación.

«CLATE se solidaridariza con el pueblo jujeño que viene sosteniendo su rechazo a una reforma constitucional que claramente no cuenta con el consenso popular. Llamamos a las autoridades políticas, legislativas y judicales de Jujuy a cesar la represión y buscar una solución por la vía del diálogo», expresó hoy el Presidente de la CLATE, Julio Fuentes. «Nuestra Confederación siempre ha rechazado la represión como respuesta al reclamo de los pueblos. Y lo que está pasando ahora en Jujuy no tiene relación alguna con el sistema democrático que el pueblo argentino ha elegido para vivir».

El dirigente agregó también que en este marco la CLATE «llama a todas las organizaciones que la integran en  los 19 países donde tenemos representación a enviar a las embajadas argentinas de su país el pedido urgente para que cese la represión».

En ese sentido, el secretario general adjunto de la ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó hoy que «la represión en Jujuy es brutal porque no se trata sólo de un reclamo por salarios de hambre, sino que hay un pueblo que está defendiendo la tierra y todos sus recursos naturales».

«No alcanza con dar marcha atrás en un par de artículos, esta reforma de la Constitución tiene que ser anulada. Es contraria a la voluntad del pueblo y a la democracia de nuestro país», agregó el dirigente y concluyó: «Está en juego la explotación del litio, que se encuentra en zonas donde están asentadas comunidades originarias. La nueva constitución persigue la finalidad de eliminar el derecho de protesta y que se pueda desplazar con libertad a esos pueblos de los territorios».

El titular de la Federación Judicial Argentina (FJA) y secretario alterno de Formación de la CLATE, participó de la convocatoria y dialogó con CLATEVisión.

Rechazo internacional a la represión

Entre los distintos organismos internacionales que se expresaron por lo sucedido en Jujuy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió ayer un comunicado titulado: “Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy”. El texto difundido por el organismo dependiente de la OEA expresa la “preocupación” por «las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas».

Y agrega: “La CIDH llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

También la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) repudió «la feroz represión ordenada por el Gobierno jujeño» y explicó que «la reforma que se acaba de jurar mientras el pueblo expresaba su rechazo en las calles, contradice principios de la Constitución Nacional argentina en cuanto al ejercicio de estos derechos fundamentales y de los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente el derecho de libertad de expresión, de manifestación y de protesta».

Además, hoy se expresó también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que, a través de una nota enviada también a la Cancillería Argentina, expresó su preocupación por la represión a manifestantes en Jujuy y por algunos puntos de la reforma constitucional aprobada por la provincia.

Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional para América del Sur de ACNUDH le solicita al Gobernador jujeño una reunión “con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional provincial adoptada puede tener en el ejercicio de los derechos humanos”.