El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (STNSG), organización que integra la CLATE, explicó que en su país hay una clara intencionalidad política de “desprestigiar a las organizaciones sociales y sindicales” para poder avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Denunció que el Gobierno no cumple con el pacto colectivo firmado con los empleados del sector salud y que quieren “encarcelar a dirigentes” para acallar su voz.

Luis Alpirez realizó un pormenorizado informe sobre lo que sucede actualmente en Guatemala y evidenció que la disputa entre las autoridades del Ministerio de Salud y el gremio que el representa “no es por las licencias gremiales sino por la declarada decisión de incumplir con el pacto colectivo firmado en 2013 y que hoy no se cumple en ninguno de sus aspectos”.

“Este conflicto comenzó en 2015, cuando nosotros fuimos el objetivo central de una difamación por parte de la prensa sobre algunos aspectos del pacto colectivo y negociaciones de trabajo, que fue firmado en 2013 y terminaba su vigencia en 2015”, comenzó explicando Alpirez. “Los trabajadores entendimos aquel año que éramos un obstáculo para las intenciones de la oligarquía nacional y la Embajada de los Estados Unidos de avanzar con su plan de implementar el llamado Tratado del Triángulo norte, que incluye a El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellos fueron contra los tres poderes del Estado y también contra las organizaciones sociales y sindicales con trayectoria histórica y representación popular como lo somos nosotros”, reflexionó el dirigente.

Pacto incumplido

Fue en 2015 que un asesor legal de los grupos empresarios más poderosos de Guatemala pidió a la Corte de Constitucionalidad que se declare nulo el Pacto Colectivo. “Nuestra reacción inmediata fue presentarnos ante un juzgado y pedir un juicio por incumplimiento de dicho pacto”, recuerda Alpirez.

Dos años más tarde, la Justicia convocó a una audiencia para febrero de este año en el que las partes debían hacer sus presentaciones. “La actual Ministra de salud, con una actitud claramente antisindical y afín a las políticas que dicta la Embajada de EEUU, fue a esa audiencia a pedir una reconversión y la anulación de cinco bonos que estaban incluidos dentro del pacto colectivo y que ellos no querían cumplir”, informa el representante de los trabajadores de la salud guatemaltecos.

Para el dirigente, allí comenzó una campaña del Gobierno y los medios de comunicación contra la organización sindical, que ahora se expresa en el debate sobre las licencias gremiales: “Intentan poner a la opinión publica en contra de los sindicatos. Dicen que somos el cáncer de la sociedad, que somos corruptos, lo que siempre dicen”.

Campaña antisindical

La semana pasada, la máxima autoridad del Ministerio de Salud brindó una conferencia de prensa y denunció que hay 2.000 trabajadores del sector que gozan de licencia sindical y no trabajan. “Eso es totalmente falso”, respondió Alpirez y explicó: “Nosotros tenemos alrededor de 1.050 dirigentes sindicales en todo el país y sólo unos 40 de ellos cuentan con licencia sindical. Todos tenemos la certificación correspondiente de nuestros jefes inmediatos y de sus directores. La ministra está mintiendo para desprestigiar al movimiento sindical. Y lo vamos a demostrar en el juzgado con las pruebas en la mano”.

“No habrá forma de callarnos si no es por los medios que ellos siempre utilizan: la violencia o la cárcel a los dirigentes. Nosotros vamos a seguir por el camino legal, vamos a dar batalla en el área judicial. Pero los trabajadores estamos en pie de lucha. Y por eso estamos recaudando firmas de la población. Cien mil ciudadanos ya han dejado su firma para denunciar al actual sistema de salud. Solo salen con recetas del hospital, no hay verdadera atención”, reconoce Alpirez.

En ese sentido, el titular del SNTSG informó que el 30 de mayo próximo llevarán al Presidente de la Nación, el comediante Jimmy Morales, todas las firmas que se recolecten durante esta campaña en defensa de la salud pública y al servicio de toda la población.

Solidaridad

La Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG), organización que también integra la CLATE, expresó su solidaridad con los trabajadores del SNTSG. “Condenamos y rechazamos la pretensión por parte del Estado de aniquilar los derechos irrenunciables de los trabajadores estatales organizados”, expresa la misiva solidaria que lleva la firma del titular de la Federación, Arturo Mesías Ortiz.

Además, el comunicado recuerda que “lo que se pretende es destruir no sólo al gremio  sino a toda la incipiente Organización Sindical del Sector Público. En este pacto colectivo se destaca todo su contenido, pero especialmente las clausulas económicas, pues son las que permiten mejorar determinantemente el nivel de vida de los trabajadores de salud”.

Finalmente, la Fenasteg recuerda que desde el año 2012 las organizaciones sindicales de Guatemala plantearon queja contra el Estado de Guatemala por el incumplimiento y violación a los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT en las asambleas anuales de dicha organización internacional pero que “a la presente fecha nuestro país continúa en el banquillo de los violadores de los derechos laborales ahora con la complicidad de los empresarios tradicionales de este país”.

En ese sentido, Alpírez recordó que el asesor letrado de la CLATE, Matías Cremonte, también presentó la denuncia correspondiente ante la OIT y que espera que en junio próximo, en la nueva Asamblea Anual de la organización, haya novedades al respecto.

“Después de la audiencia de febrero nosotros empezamos una campaña nacional en defensa de la negociación colectiva y de la libertad sindical. A raíz de eso nos enjuician, promueven un amparo que no nos permite reunirnos en los hospitales y lugares de trabajo. Pero nuestros 25 mil afiliados están preparados para la lucha y ya se han manifestado cada vez que pudieron ante la Ministra y el Presidente”, explicó Alpirez al tiempo que reconoció que “hay fuertes rumores aquí de que estarían preparando un pedido de captura para mi persona. Pero no podrán contra nosotros. Todo esto forma parte de un plan de debilitamiento de las organizaciones que combatimos. Un plan preparado por la Embajada de los Estados Unidos porque ellos tienen un interés geopolítico en la región. Pero no podrán acallar nuestra voz”, finalizó.