El pasado 18 de marzo de 2022 la Confederación General del Trabajo (CGT), de la cual hace parte UTRADEC, miembro de la CLATE, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe titulado: “Contra la impunidad: Graves violaciones a los derechos humanos de sindicalistas de la Confederación General del Trabajo”.

El informe se define cómo una apuesta de la organización en la búsqueda por la verdad, justicia y no repetición a los graves hechos de violaciones de derechos humanos que han perpetrado contra sindicalistas a lo largo de la historia del conflicto armado interno en Colombia.

La construcción de este informe estuvo a cargo de la secretaría de Derechos Humanos de la CGT, quienes adelantaron una tarea de investigación, documentación y sistematización. El equipo de investigadores de la secretaría de derechos humanos, fue liderado por Humberto Correa Gómez, actual secretario adjunto de Derechos Humanos de la CLATE. Respecto a la importancia de este informe, Correa asegura:

“Este informe es de gran importancia para el movimiento sindical colombiano porque busca esclarecer la verdad y llevar a la justicia los responsables de la violencia contra el movimiento sindical, donde están involucrados empresarios y agentes del Estado, que durante varias décadas han perseguido y han diezmado gran parte de nuestra fuerza. Las pruebas y los testimonios que hemos adjuntado a este informe, nos llevarán a encontrar la verdad, la justicia y la reparación, para que esto nunca más vuelva a suceder en Colombia.”

El informe recopila 595 hechos de violencia, caracterizados en: 300 amenazas, 185 homicidios, 32 secuestros, 23 atentados, 12 exilios, 11 desapariciones forzadas, 11 detenciones arbitrarias, 9 desplazamientos, 4 torturas, 4 lesiones personales, 3 casos de hurto de información y 1 caso de seguimiento ilegal.

Algunas de las conclusiones relevantes que aporta la CGT en el informe son:

1) Los trabajadores, trabajadoras y las organizaciones sindicales del sector público afiliados a la CGT, fueron víctimas de violencia antisindical como consecuencia de la consolidación del control territorial y la captura de la Administración Pública por parte de alianzas discontinuas entre actores legales e ilegales, en contextos de reestructuración administrativa y de privatización de empresas públicas, contextos que fueron instrumentalizados por los actores en conflictos y sus alianzas para el logro de sus intereses. La discontinuidad se presentó acorde a la época, región, tipo de actor y tipos de actores en alianza.

2) Los procesos de reestructuración y de privatización generaron conflictos laborales y en el marco de una Administración Pública capturada ilegalmente, se desplegaron diversas modalidades de represión y violencia contra trabajadores y trabajadoras con la finalidad de acallar la protesta, la huelga sindical y debilitar a los sindicatos que se oponían a los intereses de la alianza mencionada. La violencia ejercida se dio a partir de una combinación de acciones jurídicas y violatorias de los derechos laborales y de las libertades sindicales, violaciones graves a los DDHH e infracciones al DIH.

3) Una de las hipótesis de patrón que se expone en el informe tiene que ver con la instrumentalización de la violencia antisindical para consolidar la captura del Estado por parte de actores armados, el fenómeno del narcotráfico, fuerza pública, clanes políticos y gremios económicos, en un contexto de agudización del conflicto armado interno y sus impactos en el ámbito laboral.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada a partir de los diálogos de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016. Su funcionamiento administrativo ha creado la figura de “macrocasos” para investigar, determinar y juzgar distintos tipos de delito durante el conflicto armado interno en Colombia.

Después de la entrega del informe, la CGT está a la espera de la notificación de aceptación del caso por parte de la JEP.