El 30 de marzo de 1982 decenas de miles de trabajadores concentrábamos en la Plaza de Mayo cumpliendo una etapa más de la resistencia a la dictadura genocida desde las organizaciones sindicales, junto a los organismos de
Derechos Humanos,  a lo largo y a lo ancho del país.


Instaurada la transición democrática y abierto los primeros juicios por violación a los Derechos Humanos se concretaba así  el juicio y condena a las juntas militares.
El 16 de marzo de 1988 como Central de Trabajadores de la Argentina, nos presentábamos ante el Juez de la  Audiencia Nacional de España, Dr. Baltazar Garzón y  allí denunciábamos formalmente los crímenes cometidos por la dictadura militar, pero también incluíamos a parte del empresariado local y sus socios de las multinacionales,  que como José Alfredo Martínez de Hoz y Amalia Lacroze de Fortabat apoyaban y protagonizaban el golpe perpetrado el 24 de marzo de 1976 donde esos empresarios participaron directamente en la violación de los Derechos
Humanos,  afirmábamos en Madrid, que existía un accionar coordinado entre las empresas  y las fuerzas armadas para proceder a secuestrar y detener obreros, en particular, delegados y representantes de los
trabajadores, es así que señalábamos los casos concretos en Astilleros ASTARSA/ MESTRINA, y en el de RIO SANTIAGO,  en el INGENIO LEDESMA  de Jujuy, en la FORD de Pacheco, en la MERCESDES BENZ, en ACINDAR  de Villa Constitución y en DALMINE – SIDERCA , entre otras.

Fue así, que ante la ausencia del estado de derecho se posibilitó
todo tipo de atropello y de desconocimiento de los derechos de los
trabajadores, en el plano específicamente laboral y por supuesto
sindical, para ello hubo complicidad de jueces, periodistas,
sindicalistas, entre otros integrantes de la sociedad civil.
Ha sido una larga historia de denuncias, de movilizaciones, de
valentía de los testigos, de abundancia de pruebas, junto al incansable
tesón de la mayoría de los argentinos por una justicia profunda y
verdadera en torno al genocidio para sentar en el banquillo de los
acusados a estos personajes y así derrotar a la Obediencia Debida, Punto Final y los Indultos.
La reactivación de lo juicios contra responsables militares,
policiales y algunos de sus colaboradores civiles ha permitido en el
curso del año sentencias ejemplares. No se trata de venganza. Nunca se
trató de eso. Allí está el ejemplo de las Madres y de las Abuelas que
nunca recurrieron a ese tipo de acción. Se trata de justicia en el más
profundo de sus sentidos. Una justicia que no solo examine el pasado y
saque a la luz  una verdad histórica, una justicia que no solo condene a los responsables, una justicia que repare moralmente a las víctimas de
la represión, sino que contribuya con su acción a fondo a modificar la
sociedad argentina que aún sigue plagada de estos personajes, que se
pasean todavía por la escena pública sin pudor, que exhiben sus riquezas manchadas de sangre y que intentan seguir lucrando como si nada hubiera pasado.
Este 2012 ha sido un año fecundo en sentencias judiciales
condenatorias como la del Tribunal Oral  en lo Criminal de Mar del
Plata, en el caso Loma Negra por el secuestro del Dr. Carlos Alberto
Moreno, como en Bahía Blanca, en la justicia de Mendoza, en Córdoba, en
Goya- Corrientes, en Jujuy, donde no solamente se avanzó sobre los
integrantes de las fuerzas armadas, sino también sobre los Blaquier y
los gerentes del Ingenio Ledesma, también en la Justicia Federal de la
ciudad de  Buenos Aires, culminando junto a otras sentencias la que hace 48 horas suscribiera el Tribunal, presidido por el Dr. Carlos Rozansky  de la ciudad de La Plata, en la causa denominada Circuito Camps, donde
se encuadra el delito de genocidio y terrorismo de estado practicado por integrantes de las fuerzas armadas, por civiles, como algunos de los
ministros de la época y se abrieron causas para investigar las
responsabilidades de otros, incluido jueces, medios periodísticos e
integrantes de la Iglesia Católica, que silenciaron la violación
sistemática de los Derechos Humanos.
Al finalizar este buen año en lo que se refiere a sentencias
condenatorias de genocidas, vaya nuestro reconocimiento a los testigos
víctimas del terrorismo de estado, a los abogados querellantes y a esa
mayoría de nuestro pueblo que exige Justicia profunda y verdadera.