Estados
Unidos y la Unión Europea impulsan un acuerdo global sobre comercio de
servicios, TISA (por sus siglas
inglés), que amenaza la soberanía de los
Estados y los pueblos en lo que hace a su capacidad para definir políticas
públicas, regular áreas estratégicas de su economía y legislar en defensa del
interés público. Actualmente participan de las negociaciones 50 países, de los
cuales 8 pertenecen a América Latina: Colombia,
Costa Rica, México, Panamá, Perú, Chile y Paraguay. Recientemente, en el mes de septiembre, Uruguay se retiró de las negociaciones.

Se trata de un acuerdo que involucra un entramado de normas legales, de cumplimiento
obligatorio para los países que ingresan en él, que están diseñadas para impedir regulaciones estatales o controles parlamentarios
sobre el mercado global. Forma parte de una estrategia de liberalización
económica mundial que va de la mano de otros dos tratados: el Tratado de Libre
Comercio Transatlántico (TTIP) y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de
Asociación Económica (TPP).

El TISA tiene la particularidad de que, en tanto se focaliza
en los servicios y no en el comercio de bienes, alcanza áreas de la vida social que hasta el momento no son
consideradas como espacios sujetos a libre competencia del mercado o bien que
son regulados en función de la prevalencia de interés público sobre el interés
comercial. De este modo, los países ingresen al TISA abriría a la
competencia privada internacional sectores como la salud, la educación, la provisión de agua y electricidad o sectores
estratégicos como las telecomunicaciones, los servicios financieros y el
transporte, entre otros.

Una de las
características del acuerdo es su carácter
secreto. Esto habla de negociaciones que no habilitan el debate
público, obran en beneficio de los intereses de las empresas multinacionales y en perjuicio de los ciudadanos y el interés
público. No sólo se está negociando en el más absoluto de los
secretos sino que se pretende que el Tratado siga clasificado, oculto al
conocimiento público, durante otros cinco años, luego de que ya haya entrado en
vigor.

El secretismo de las
negociaciones permite afirmar que el TISA resulta violatorio de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados,
la cual establece la necesidad de trabajos preparatorios y debates previos
entre expertos y académicos, agencias no gubernamentales, partidos políticos y
otros actores para acuerdos de esta naturaleza.

Las características más destacadas
del TISA y que provocan mayor preocupación son:

– Las negociaciones se realizan
en secreto y por fuera de la Organización
Mundial del Comercio (OMC), lo que reduce el marco de multilateralidad y la
preeminencia de los socios de mayor peso geopolítico (EE.UU y la UE).

– Los países que ingresan deben
indicar mediante una “lista negativa”
los servicios que excluyen de la negociación. Todo lo que no sea explicitado al
momento de ingresar en la negociación queda abierto a liberalización en el
futuro. De este modo quedan incluidos los servicios que se desarrollen a futuro
a partir de la innovación tecnológica.

– Establece mecanismos de prórroga de jurisdicción y, en caso de pleitos
comerciales, pone en un mismo nivel a las empresas respecto a los Estados. Esto
pone en crisis el ordenamiento jurídico interno de los Estados y su derecho
soberano a establecer regulaciones internas.

– Exige “transparencia” total a las autoridades
Estatales a la hora de promover medidas regulatorias y exige que toda normativa
que intente establecerse deba ponerse previamente en discusión con las
corporaciones privadas cuyo interés pueda ser afectado.

– Exige condiciones de “trato nacional”, lo que implica situar a las
empresas extranjeras en igualdad de condiciones respecto a las empresas
nacionales. Inhibe a los Estados de aplicar políticas de promoción para el
desarrollo local.

– Exige mecanismos de
competencia en aquellos sectores en los que existe monopolio estatal o en los
que operan empresas públicas.  De este
modo abre la puerta a la privatización, liberalización y desregulación de
servicios públicos en los que debiera primar el
interés público de la comunidad por sobre el interés comercial privado. 

– Establece “clausulas trinquete” por las cuales se
impide toda medida gubernamental que pretenda dar marcha atrás o revertir
cualquier proceso de liberalización o desregulación de los servicios. Esto
significa que, si se avanza en privatizar un área de servicios, no se puede
reestatizar el sector o crear nuevos monopolios públicos.

 
Si bien las negociaciones TISA se
iniciaron en 2012, las características del acuerdo se conocieron en detalle en
2015, a partir de la filtración del texto del acuerdo general y sus 17 anexos.
Las áreas que involucran los anexos son:
 
Transporte Aéreo
Servicios de Correo
Reglamentación Nacional
Comercio Electrónico
Servicios de Telecomunicaciones
Servicios Profesionales
Movimiento de personas físicas
Transporte Marítimo
Servicios Financieros